La exgobernadora Wanda Vázquez Garced podría ser interrogada por el tribunal durante la vista de alegación de culpabilidad programada para el próximo 27 de agosto, dejó entrever la jueza de distrito federal Silvia Carreño Coll en una orden emitida el miércoles.

En la orden, Carreño Coll respondió a una moción que presentó el pasado 12 de agosto la representación legal de Vázquez Garced, que constaba de 28 páginas y que buscaba “aclarar el expediente respecto a las negociaciones de acuerdo de culpabilidad”.

“El Tribunal podría interrogar a la Sra. Vázquez Garced sobre su “participación en el proceso de negociación del acuerdo” durante su vista de alegación, pero dicho interrogatorio estaría limitado a confirmar que su declaración es “informada y voluntaria”, adelantó.

Asimismo, Carreño Coll señaló que “el Tribunal no encuentra ninguna razón legal válida —ni procesal ni sustantiva— que justifique" la presentación de la moción, de la cual discrepa la Fiscalía federal, según un documento presentado en respuesta a la misma.

La jueza recalcó que todas las órdenes que ha emitido durante el tracto de este caso notorio se basan exclusivamente en la información contenida en el voluminoso expediente judicial, y advirtió que “sugerir lo contrario sería engañoso”.

“La Sra. Vázquez Garced ha optado por divulgar su versión de los hechos respecto a lo que supuestamente ocurrió durante sus negociaciones de declaración de culpabilidad con la Fiscalía Federal en Puerto Rico y con el Departamento de Justicia en Washington”, dijo.

Además, Carreño Coll citó la postura de la Fiscalía federal, que ha discrepado de los argumentos esbozados por la representación legal de la exmandataria y ha manifestado que, si es necesario, está preparada para llevar este caso hasta el final.

“Pero, independientemente de lo ocurrido durante las reuniones entre el abogado de la Sra. Vázquez Garced y los representantes de la Fiscalía Federal en Puerto Rico y el Departamento de Justicia en Washington, la realidad es que este Tribunal nunca ha solicitado conocer los detalles de dichas reuniones”, indicó la jueza de distrito, en la orden de dos páginas.

“Y hay una razón simple para ello: como el Tribunal ha dejado claro en múltiples ocasiones, no participa en negociaciones de acuerdos de culpabilidad”, enfatizó la togada, citando las Reglas Federales de Procedimiento Criminal, las cuales establecen que el “papel que puede tener el juez de juicio en las negociaciones de acuerdos de culpabilidad: (es) absolutamente ninguno”.

La vista de alegación de culpabilidad de Vázquez Garced, así como los coacusados —el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini—, está programada para el próximo 27 de agosto, a las 2:00 p.m., en la sala 6 del Tribunal federal.

Aunque los acusados en el caso buscaban que la vista fuera mediante videoconferencia, Carreño Coll rechazó la solicitud en una orden que emitió el 8 de julio, donde, además, abordó aspectos de la negociación de culpabilidad y los nuevos cargos presentados.

“De manera sorprendente, la pena por violar la Sección 30121 de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, en inglés) es una mera palmadita en la mano en comparación con las sentencias que hubiesen enfrentado de haber sido encontrados culpables mediante el pliego original”, enfatizó Carreño Coll.

Al brindar un resumen del caso desde que fue radicado, Carreño Coll dijo que, “en un giro de los acontecimientos”, los acusados anunciaron el acuerdo, “se presume, siguiendo directrices emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos”.

Este planteamiento, a juicio de la defensa de Vázquez Garced, es una especulación que oscurece una “verdad sencilla”: la negociación de buena fe realizada entre las partes para alcanzar el acuerdo de culpabilidad.

“Al especular que el acuerdo de culpabilidad resultó de directrices presumiblemente emitidas por Justicia federal, el Tribunal oscureció inadvertidamente una verdad sencilla: esta resolución surgió del trabajo realizado por la defensa y de los fiscales haciendo exactamente lo que se espera de ellos — reevaluar su caso al enfrentarse con pruebas contundentes y exculpatorias", indicó la defensa en la moción.

Inicialmente, en agosto de 2022, un gran jurado emitió una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos. Además, Herrera Velutini también enfrentaba cargos por un esquema de soborno distinto.

Sin embargo, tras alcanzar el acuerdo, los acusados pasaron a enfrentar un solo cargo por violación a la Ley FECA, un delito menos grave de donativo político por parte de un extranjero no nacionalizado (el banquero).

En la moción presentada el 12 de agosto, la defensa de Vázquez Garced alegó que el acuerdo con la Fiscalía federal responde a la existencia de “nueva evidencia contundente y exculpatoria” y no a “presiones políticas”.

Además, la representación legal de la exsecretaria del Departamento de Justicia indicó que realizó una “investigación metódica” durante 22 meses, la cual reflejó nuevas pruebas que cambian el caso.

De igual forma, rechazaron todas las alegaciones que dieron paso a los primeros cargos en contra de la exmandataria y ofrecieron detalles de una reunión clave con Justicia federal en Washington D.C.

En el documento se expone, entre otras cosas, que durante el encuentro los fiscales admitieron, presuntamente, que se habían “arriesgado” a presentar el caso, pese a que no contaban con prueba suficiente.

También se señaló que, tras escuchar una presentación que hizo la defensa de la exgobernadora, un alto funcionario del Justicia federal, supuestamente, indicó que la acusación se había caído y no era viable.

Empero, la Fiscalía federal presentó una moción catalogando como “falsas” las declaraciones emitidas por la representación legal de Vázquez Garced.

“Las citas atribuidas al personal del gobierno y al liderazgo del Departamento en la moción de Vázquez son completamente fabricadas. La acusación en este caso no se “vino abajo” y los Estados Unidos están listos para proceder a juicio, si fuera necesario", indica la moción presentada por la fiscal Myriam Y. Fernández González.