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Despojados del poder-privilegio de secretividad del Estado e imposibilitados de invocar con fuerza de ley protección absoluta a sus libertades de expresión, de privacidad y correlativos derechos de intimidad, el gobernador de Puerto Rico y una partida de subalternos de confianza quedaron a merced de la mirada pública; que, indignada y a manera de juicio popular (político y moral), encausó, dictó sentencia y demanda en justicia reparación de agravios…
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