Ser pescador o pescadora en Puerto Rico no es fácil. Por años, no han sido tomados en cuenta en la ecuación que busca aumentar la seguridad alimentaria del archipiélago. El impacto del huracán María, unido a la crisis económica y política que nos afecta, empeoraron las condiciones de trabajo de esas personas que día a día van al mar a buscar sustento y a seguir su vocación.

Recuerdo cuando fui un martes por la tarde a entrevistar a algunos pescadores en un municipio del sur. El propósito era realizar una investigación exploratoria de los factores que afectan su trabajo para desarrollar talleres de capacitación y para obtener nuevos datos sobre la pesca del país. ¡Hace más de 11 años que no se publica un censo pesquero en Puerto Rico!

Al visitar ese pueblo, en algún momento me detuve y solté los papeles para ayudar a uno de los muchachos a sacar el bote del agua. No había muelle y la rampa no era la mejor. Entre tres personas levantamos un tubo grandísimo y lo acercamos al agua. Trepamos el bote y amarramos una soga a la proa. Otra persona, en una guagua, aceleró para jalar la embarcación a tierra firme. Al otro día sería la misma historia: salir bien temprano a tirar las cajas para las langostas, volver por la tarde y sacar el bote de la misma manera.

Al concluir mis entrevistas en las zonas sur y oeste de la Isla Grande, pude constatar que los pescadores tienen amplio conocimiento de cómo manejar los pescados y mariscos. Sin embargo, muchos carecen de los medios para lograr un mejor procesamiento, captura y venta. Como, por ejemplo, invertir cada día en hielo. Otro problema que enfrentan son las condiciones deterioradas de los muelles y las villas pesqueras, la mayoría propiedad del Departamento de Agricultura.

Los datos del pasado censo pesquero, el decrecimiento de ese sector y de los recursos marinos, parecen sugerir que nuestros marcos regulatorios no han sido los mejores. La nueva Ley de Pesca de Puerto Rico (P.S. 1014), la cual fue aprobada en el Senado y ahora se encuentra en la Cámara de Representantes, deroga previas leyes más amplias y no propicia el desarrollo de mecanismos que afecten positivamente al sector pesquero. De igual manera, pone en desventaja a los pescadores recreativos. Además, esta ley no provee para que el Departamento de Agricultura se involucre más en apoyar a los pescadores.

Si queremos establecer un balance socio-ecológico que proteja nuestros recursos marinos a través de una pesca sustentable y a la vez propicie el bienestar socioeconómico de nuestros pescadores, la nueva ley les debería brindar un rol más activo y proveer las plataformas necesarias para que ellos y las comunidades costeras sean parte del desarrollo de las regulaciones necesarias. Si en vez de imponer, facilitáramos, las posibilidades de fortalecer ese sector importante podrían incrementar. De esta forma se lograría una mayor seguridad alimentaria yprotección de recursos marinos. Además, se apoyaría más nuestras comunidades y economías costeras. Como consumidores e isleños que somos, también deberíamos hacer lo propio por apoyar la pesca local, más allá de Semana Santa, y reconocer su importancia constante en nuestro archipiélago.