

En junio de 2025 suman 3,285 días de gobierno bajo el mandato de la Ley Promesa, el marco federal que permitió atender la crisis fiscal más severa en la historia de Estados Unidos. Con un déficit acumulado de más de $72,000 millones, Puerto Rico enfrentaba una quiebra sin precedentes, sin herramientas para reestructurar su deuda y con una infraestructura institucional debilitada. Desde entonces, el proceso ha requerido más que ajustes contables. Promesa ha implicado reformas profundas en la planificación presupuestaria, el fortalecimiento de controles internos y el establecimiento de una cultura de disciplina fiscal. A lo largo de estos años, la Junta de Supervisión Fiscal ha certificado planes fiscales que contienen proyectos estratégicos para transformar la gestión pública.
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