

Recientemente ha surgido en la opinión publica una controversia sobre la propuesta de establecer legislación para que sean los municipios quienes fiscalicen la falta de permisos de ciertos negocios cuyas actividades resulten lesivas al orden y a la sana convivencia de vecindarios y de comunidades. Algunos sectores han atentado contra la medida aduciendo que la misma se prestaría a arbitrariedades por parte de los alcaldes y que, en un país donde es tan difícil emprender negocios y pequeñas empresas, no se debe proveer esa discreción a los alcaldes para cerrar los negocios.
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