Opinión
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5 de octubre de 2025
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Las certificaciones anuladas a exfuncionarios del Departamento de Educación ilustran, una vez más, que el poder embriaga y conduce a actos ilegales y corruptos. Para obtener una certificación docente, las maestras y maestros pasan por un proceso sacrificado, costoso y riguroso para cumplir con los requisitos establecidos. En cambio, los privilegiados del poder ajustan los requisitos y los acomodan a su antojo.
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