Cuesta creer que la administración pública en Puerto Rico, en medio de una crisis mundial inédita, vuelva a encontrarse sumida en su propia impudicia. Denuncias de la abortada compra de pruebas rápidas de COVID-19 a una compañía sin experiencia, por parte de la rama ejecutiva, resuenan con ecos muy familiares a los del escándalo de Whitefish tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017. Los elementos constitutivos del escándalo son los mismos: una transacción relámpago por un altísimo monto, con agentes pobremente cualificados para completar la entrega del bien o el servicio adquirido y unos empresarios prestos a disfrutar una abultada ganancia por su aparente lealtad partidista. Sin ambages, sin explicaciones y sin transparencia. Otro amago de engaño en momentos de mucha fragilidad. Mientras tanto, la gente vive con miedo ante el contagio por la pandemia, al tiempo que se acaparan alimentos y medicinas por temor a la escasez provocada por las medidas implementadas por la gobernadora Wanda Vázquez.