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De alcaldes, alcaldesas, anuncios y la Constitución.
El Supremo resolvió que la prohibición constitucional contra el uso de fondos públicos para fines privados impedía que el gobierno, incluyendo los municipios, se aprovechara de su deber de mantener informado al pueblo y utilizara dichos fondos para, de manera indirecta, hacer campaña a favor de los incumbentes, escribe Jorge Farinacci
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