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Los eventos recientes de corrupción evidencian que no hemos podido erradicar el pillaje en la interfase gobierno y empresa privada. Y no por falta de legislación. La Ley Núm. 114 del 7 de junio de 1973 requería que se enviaran al Departamento de Estado tres copias de todos los contratos realizados en las agencias del gobierno. El número tan alto de contratos y el costo hacía inoperante esa ley, por lo que el 30 de octubre de 1975 la Ley Núm. 18 derogó la ley anterior. Bajo esa nueva ley se suponía que se enviara la copia de los contratos a la Oficina del Contralor.
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