La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el primer circuito invalidó la ley federal que niega el beneficio del “Supplemental Security Income” a personas pobres de más de 65 años y a personas ciegas o incapacitadas si residen en Puerto Rico. No es la primera ocasión en que se cuestiona esa ley. El asunto había llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1978, la cual validó la ley. Dos años más tarde, en otro caso que trataba sobre otra ayuda federal, la Corte decidió que ese discrimen no era inconstitucional porque en virtud de los poderes plenarios sobre el territorio no incorporado, el Congreso puede discriminar contra Puerto Rico, si su determinación es “racional”. Determinó que era racional discriminar contra los pobres de Puerto Rico porque aquí no se pagan impuestos federales, y enviar todo ese dinero desestabilizaría la economía de Puerto Rico. Es decir, no sería bueno brindarle ayuda federal a la gente más pobre que vive en un territorio sujeto a los poderes congresionales, y que no puede gestionar verdadero desarrollo económico por la camisa de fuerza del colonialismo.