La reciente determinación del Senado de Puerto Rico de imponer una multa y una amonestación verbal a la legisladora Roxanna Soto Aguilú, del Partido Nuevo Progresista, por presunto trato hostil hacia empleados ha generado amplia discusión pública. Hasta ahí, todo dentro del ámbito razonable del poder disciplinario interno. Sin embargo, la controversia mayor surge de una parte de la recomendación aprobada: la orden de que la senadora reciba “acompañamiento psicológico”, pudiendo incluir asistencia de un consejero, un psicólogo, un psiquiatra o incluso un pastor. Esta determinación excede peligrosamente las facultades del Senado y abre una puerta institucional que, como país, no podemos permitir.

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