A medida que el tiempo sigue transcurriendo, nos sigue dando la razón. Una vez más los fondos federales destinados a la educación de nuestros niños vuelven a quedar presos de la incompetencia y negligencia administrativa de los gobiernos de turno. Si bien es cierto que estos solo pueden ser utilizados para complementar lo que por limitaciones presupuestarias el estado no puede ofrecer, con dichos fondos se atienden múltiples necesidades que de otra manera quedarían en el escritorio de algún burócrata.

El hecho de volver a caer en sindicatura federal resulta más que inaceptable, censurable. Hoy nos encontramos en un camino borrascoso y bochornoso, gracias al legado de los que han gozado del privilegio de administrar dichos fondos. La situación no es nueva. Durante más de una década hemos visto arresto tras arresto, y tal parece que a los que administran no les preocupa. 

Desde el pasado mes de junio el gobierno de Puerto Rico recibió una misiva en la que se le indicaba que debían identificar un síndico para la administración de estos fondos. Han transcurrido meses desde que se dio a conocer la misiva y aun no se ha anunciado el síndico que tendrá el control de los más de $1,500 millones, de los que $130 millones corresponden al Programa de Educación Especial que desde la pasada semana se quedó sin capital para operar.

Como siempre hemos expresado de forma pública, en Puerto Rico se ha cometido una masacre educativa, de la que al sol de hoy seguimos viendo sus secuelas. Privar a nuestros niños del derecho fundamental a la educación no puede llamarse de otra manera. ¿Hasta cuándo seguiremos viendo padres desesperados porque sus niños de educación especial no están recibiendo el pan de la enseñanza o el equipo o terapias requeridas? Eso es parte de la educación de nuestros niños.

Tal y como dice Celeste Benítez en uno de sus escritos: el Departamento de Educación es como una noria. Da vueltas y vueltas, repitiendo los mismos patrones administrativos que entorpecen el quehacer de la sala de clases. Diariamente señalamos al maestro del salón de clases como responsable del estado de la educación, pero si algo ha dejado ver esta situación es que la responsabilidad del estado de la educación de nuestros niños recae en las administraciones del sistema educativo.

El solo hecho de tener que devolver año tras año fondos federales porque se desconoce la mejor manera de utilizarlos o caer en una sindicatura cuando hay niños y maestros pasando necesidades, deja ver claramente un grado de irresponsabilidad que esconde la incompetencia de los funcionarios que han tenido a cargo la administración de estos fondos. Basta ya de permitir que los funcionarios responsables del manejo de estos fondos continúen arrastrando los pies ante situaciones como estas. Estamos en una emergencia educativa en la que cada minuto cuenta porque es un minuto de la vida de un niño que por negligencia se desperdicia y que no tendrá la oportunidad de repetir.