

El 30 de diciembre de 2020 se aprobó la ley para crear la delegación congresional de Puerto Rico, que ordenó la eventual elección de seis delegados especiales (dos senadores y cuatro representantes). Dicha ley es el resultado de un proceso “fast track” forzado por el desfase entre la expresión ideológica en favor de la estadidad y la realidad prospectiva de un gobierno compartido. Sin una mayoría legislativa por los próximos cuatro años, el PNP contaba con menos de dos meses para adoptar las medidas necesarias para encaminar la admisión. Independientemente de la intención, tanto a nivel conceptual como práctico, el proceso fue, y continúa siendo, como mínimo, accidentado.
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