

Recuerdo cuando Luis Fortuño —uno de los gobernadores que comparte responsabilidad con otros por nuestra deuda pública, deuda que provocó la llegada de la Junta de Control Fiscal— expresaba en una campaña que era necesario tomarse la “medicina amarga” para poder ver la mejoría fiscal del país. La medicina amarga era un eufemismo para referirse a la Ley 7-2009, que implicó el despido de decenas de miles de empleados públicos sin tener en cuenta la importancia de su función o sus ejecutorias, sino el tiempo que llevaban vinculados a una agencia.
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