


Puerto Rico atraviesa la peor crisis energética de su historia contemporánea. Sin embargo, seguimos sin adoptar una política pública capaz de proteger la estabilidad de una infraestructura que condiciona cada aspecto de nuestra vida diaria. Ya sea por el historial ampliamente documentado de fallas del sistema público o por las controversias ligadas al proceso de privatización, las decisiones tomadas en ambos frentes han contribuido a un caos persistente. Cada apagón, cada avería y cada justificación renuevan la misma conclusión: una solución sostenible para la generación y transmisión de energía aún no se vislumbra.

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