


En Puerto Rico existe una certificación que puede ahorrarle miles de dólares al año a un agricultor. Reduce contribuciones, elimina el pago del IVU en insumos agrícolas, exime del pago al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) en terrenos bajo producción y facilita el acceso a incentivos económicos y programas gubernamentales. Se llama Certificación de Agricultor Bonafide y, sobre el papel, está disponible para cualquier persona cuya actividad principal sea la producción agrícola o pesquera. El problema es que obtenerla se ha convertido en un obstáculo que el Estado no ha corregido.

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