


Cuando la gobernadora nombró a Francisco Domenech secretario de la Gobernación, pese a las denuncias de violencia doméstica formuladas por su esposa — incluyendo alegaciones de graves actos de violencia, maltrato y amenazas, todos constitutivos de delito y respecto de los cuales se determinó causa probable — y despachó las críticas alegando que se trataba de un asunto privado, resuelto en el ámbito familiar, quedó al descubierto una concepción del poder incompatible con los principios jurídicos, éticos y morales que deben regir la función pública.

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