


La demanda del gobierno de Puerto Rico contra LUMA Energy coloca sobre la mesa un tema crucial: la garantía de un servicio eléctrico confiable, justo y accesible para todas las comunidades, especialmente las más vulnerables. La disputa legal podría parecer lejana a la vida diaria de los puertorriqueños, pero lo que resulte de esta puede sentirse rápidamente en las comunidades de nuestra isla donde las interrupciones en el servicio eléctrico no solo alteran la rutina, sino que afectan directamente la salud, la educación y la economía de los residentes.

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