

La reciente sesión legislativa concluyó sin considerar uno de los instrumentos de política pública más relevantes para la planificación territorial y el desarrollo sostenible del país: el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, elaborado conforme a la Ley 33-2019. Al cierre del pasado cuatrienio ocurrió lo mismo. Al amparo de esta ley se nombró un Comité de Expertos y Asesores con el mandato de desarrollar una hoja de ruta nacional basada en evidencia científica, capaz de orientar la acción climática de manera estructurada.
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