Históricamente se ha atendido el asunto de las drogas desde un paradigma prohibicionista que ha perjudicado de manera desproporcionada a personas racializadas, poblaciones vulnerabilizadas y sectores empobrecidos. Este panorama lo podemos observar materializado en la violencia comunitaria generada por el narcomenudeo, la población joven con historial de consumo problemático de sustancias que constituye la gran parte de las personas privadas de la libertad (65.25% de acuerdo con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, 2019), la población sin hogar que reporta el consumo problemático de drogas y alcohol como un factor importante en su situación de vida (52.3% de acuerdo con el informe del Conteo de Personas sin Hogar, 2019) y otros ejemplos como la intervención del Estado ante eventos de maltrato y/o negligencia con familias que pueden enfrentar experiencias relacionadas con esta problemática.