


El escándalo de Power Expectations no puede reducirse a cancelar el contrato, a quién firmó determinados documentos o si alguna certificación resultó falsa. Cuando un contrato público con una exposición potencial de $5,800 millones atraviesa un proceso plagado de cuestionamientos y termina favoreciendo a una empresa cuya capacidad financiera y operacional fue cuestionada desde el comienzo, tenemos que formular un a pregunta muy seria: ¿estamos ante simple incompetencia gubernamental o ante algo que amerita una investigación criminal sobre la totalidad del proceso?

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