Opinión
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13 de agosto de 2025
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La madrugada política en que Donald Trump decidió remover a la mayoría de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sorprendió a muchos y dejó a otros en un estado de cautela estratégica. El golpe de timón, abrupto e inesperado, no se dio en el vacío. Llegó tras años de reclamos de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y denuncias sobre los onerosos costos de consultores y servicios profesionales contratados por la JSF. Además, surge en medio de un escenario de ineficiencia. Porque nueve años después de su creación, por disposición de la Ley Promesa, Puerto Rico sigue sin salir de la quiebra, sin presupuestos balanceados y sin retornar ni tener acceso a los mercados financieros.
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