La funcionaria que acaba de ser despedida de la jefatura del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales es digna heredera de una trayectoria de delitos por acción u omisión en esa agencia. Si algo se ha descuidado en Puerto Rico, de la manera más burda, son los recursos naturales.

Antes que nada debo aclarar que hay gente que suele salir con el argumento de que en el gobierno de los Estados Unidos también existen corruptos. Sí, desde luego, pero malversan dinero americano y supongo que también los agarran. La diferencia aquí es que, cuando los federales intervienen, hay fondos de los contribuyentes estadounidenses de por medio.

Una de las estrategias para proteger los fondos de reconstrucción, además de nombrar síndicos, es montar un sistema de escarmiento en las agencias públicas. Como no me gustan los eufemismos —ya dije que el despedido es despedido, no renunciante—, pienso que la Fiscalía, las autoridades federales en general, están decididas a poner a temblar a todo aquel que le pase por la cabeza saltarse las regulaciones. 

Se han propuesto infundir miedo entre los funcionarios de alto rango. Miedo entre los sobornadores. Miedo entre los elementos políticos, bien sean funcionarios de La Fortaleza, alcaldes, legisladores, o jefes de agencia. Pánico-terror de que los oigan, los graben, o simplemente los visiten. Bendita zozobra, necesario pavor para limpiar la casa. Porque aquí, a nivel local, nunca les hacen nada. 

Hasta hace poco, era una escena más o menos normal el hecho de que llegara un funcionario público, un jefe de agencia (o uno de sus representantes), a sentarse con dos o tres sujetos a la mesita más discreta de un restaurante, donde las paredes no oían y así tejían tranquilamente sus componendas.

Ahora tienen que cuidarse, no solo de que después los agarren favoreciendo en subastas a ese mismo individuo con el que degustaron la langosta, sino de que sean grabados en otras circunstancias, pronunciando arengas políticas a los empleados públicos y cosas así. O amenazándolos con “acciones contundentes”. Individuos como Ricardo Llerandi dan lástima hasta cuando hacen algo indebido. Esa frase que dijo, mientras trataba de empujar boletos para un evento de recaudación de fondos, es patética: “Los dejo con Elías Sánchez, que definitivamente vende mejor que yo”. Es para llevarlo a un curso urgente de autoestima. ¿Cómo puede cambiar, en cuestión de segundos, su registro enérgico, amenazando al que no compre boletos, para adoptar ese tonito dócil con el que dice que Elías Sánchez vende mejor que él? Para empezar, no estaban vendiendo nada, estaban obligando a la gente a comprar. Pero en vez de empequeñecerse ante sus subalternos, debió decir: “Los dejo con Elías Sánchez, que no vende mejor que yo, pero se defiende”. Y la gente se hubiera reído igual.

De todas maneras, volviendo al tema de Recursos Naturales, bueno es saber que esa agencia nunca ha sido una tacita de oro. Lastrampas y los chanchullos que se han fraguado dentro de sus paredes, con el aval de algún gobernador, o de varios, son históricos. Lo que pasa es que ha habido Secretarios de Recursos Naturales, y Secretarios de Recursos Naturales. Unos caían mejor que otros, porque algún gobernador fue tan astuto que sacó al funcionario de las filas de los ambientalistas y lo nombró para congraciarse. Pero igual entraban por el aro.

Durante cuatrienios recientes, todos, absolutamente todos los funcionarios de alto nivel de Recursos Naturales, supieron que los famosos terrenos del Corredor Ecológico del Noreste, cuya protección se anunció con bombos y platillos durante el Octavo Festival del Tinglar, en 2013, se compraron a sobreprecio, pagando sumas astronómicas por cuerdas y cuerdas que no valían ni la quinta parte. Era cuando todavía nadábamos en millones prestados, y aunque en la transacción hubo fondos procedentes de una institución americana, el dinero que se derrochó salió mayormente de nuestros bolsillos.

Yendo un poco más atrás, las veces que los funcionarios de Recursos Naturales se han hecho de la vista larga, o simplemente han dado el visto bueno para que se construya en lugares donde no se debe, son incontables. Antes de escribir esta columna, estuve rebuscando entre un montón de sentencias de los tribunales, sobre gente que intentaba levantar edificios a orillas del mar, o parques industriales junto a la Laguna Tortuguero, siendo entonces la oposición de Recursos Naturales, si alguna, sospechosamente tibia.

Los desastres que ahora sufrimos —un conocido constructor presumió en mi cara de haber derribado un mogote para construir una urbanización— se les deben a personas que estuvieron al frente de Recursos Naturales, o a vendidos de mediana categoría. Solo con meterse en las hemerotecas y raspar un poquito los periódicos de hace años, encontraremos horrores.

¿Qué ha cambiado ahora? Reconozcámoslo: se intenta crear un ambiente de escarmiento, desconfianza mutua entre los funcionarios públicos. Qué bueno. Todo se graba o se averigua, y los medios se han vuelto mucho más incisivos. Los federales anuncian que pagarán por información fidedigna a quien les lleve prueba de delitos en oficinas gubernamentales. Es la clase de terror lamentablemente necesario. La que los codiciosos se han buscado.