


¿Cuán razonable es validar la entrada y registro de un hogar por su mera apariencia de estar abandonado? ¿Qué sucede si no tengo posesiones suficientes para cumplir con un estándar concreto de casa o de estructura habitada? ¿Qué idea de propiedad subyace a la justificación de que se registre un inmueble sin orden judicial porque aparenta estar abandonado? ¿Qué sectores sociales pueden verse más afectados al validar registros e incautaciones de inmuebles considerados de esta manera? La decisión más reciente del Tribunal Supremo en Pueblo v. Apolinar Rodón alimenta y multiplica peligrosamente estas interrogantes.

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