
Opinión
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En plena pandemia, allá para junio de 2020, el Gobierno de Puerto Rico, a través de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Negociado de Energía aprobó y firmó el contrato con Luma Energy. Sucedió luego de un proceso completamente confidencial, tras denegar solicitudes de acceso de información de ciudadanos y sin una sola instancia de debate público.
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