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Nadie está por encima de la Ley, es máxima de ordenamiento jurídico nunca condicionada a privilegio, desconocimiento, ignorancia u olvido. Los funcionarios electos están rigurosamente atados a esa norma desde el mismo instante que anuncian intención de aspirar y lanzan candidatura, firmando y juramentando cumplir leyes y reglamentos ineludibles para todo ciudadano que pretenda la confianza pública del sufragio electoral desde una plataforma partidista o independiente.
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