

Las acciones, palabras y órdenes del presidente Trump tienden a ser agentes corrosivos para la democracia, la división de poderes y el Estado de derecho de su propio país. En menos de medio año, su administración ha desafiado e ignorado órdenes judiciales sobre su política migratoria; ha amenazado directamente a jueces, despachos de abogados y organizaciones sin fines de lucro; ha coaccionado a las universidades para que cancelen políticas de integración y diversidad; ha pretendido desmantelar agencias federales en materia de educación, protección del medioambiente o derechos del consumidor, y más recientemente ha manifestado su deseo de suspender unilateralmente el recurso constitucional de habeas corpus. Las ínfulas monárquicas son evidentes.
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