Puerto Rico lleva décadas ensayando un modelo económico con un libreto para justificarlo que se ha vuelto predecible en su argumentación y resultados. Sobran los ejemplos de proyectos de enclaves turísticos costeros que en su momento fueron construidos con la aprobación del gobierno de Puerto Rico, casi todos (para no decir todos) en clara violación de sus propias leyes y reglamentos ambientales y de planificación. Para justificarlos, los desarrolladores y el gobierno insular se amparaban en un discurso que prometía la sustentabilidad ambiental, la creación de cientos o miles de empleos, la construcción de habitaciones de alojamiento sumamente necesarias para la demanda turística y el desarrollo económico regional.
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