Washington D.C. - El presidente Donald Trump aprobó, este miércoles, una dispensa temporal de 60 días en las normas federales de cabotaje, que busca reducir los costos del transporte de petróleo, gas natural y otros productos en medio de la guerra con Irán.

La determinación de Trump, que se esperaba desde la semana pasada y fue confirmada por la Casa Blanca, permitirá a barcos de matrícula y bandera extranjera transportar productos entre puertos estadounidenses durante los próximos dos meses.

En momentos en que los precios de la gasolina se han disparado a casi un dólar en algunas áreas, la decisión de Trump persigue facilitar, sobre todo, el transporte de productos energéticos.

“La decisión del presidente Trump de otorgar una exención de 60 días a la Ley Jones es un paso más para mitigar las interrupciones a corto plazo en el mercado petrolero, mientras las Fuerzas Armadas estadounidenses continúan cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica”, indicó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Según la portavoz del presidente Trump “esta medida permitirá que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante sesenta días, y la Administración mantiene su compromiso de seguir fortaleciendo nuestras cadenas de suministro críticas.”

La decisión fue adelantada temprano el miércoles por el servicio de noticias Bloomberg.

La ley Jones de 1920 –eje de continuo debate sobre Puerto Rico– exige el uso de barcos de matrícula, propiedad, bandera y tripulación (75%) estadounidenses entre puertos de los estados y territorios de Estados Unidos, con excepción de las Islas Vírgenes, Samoa y las Islas Marianas del Norte.

“Es la mejor decisión que se ha tomado en la administración Trump para Puerto Rico”, aunque no haya tenido como objetivo al archipiélago boricua, indicó el economista José Caraballo Cueto, profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras.

Caraballo Cueto señaló que la decisión puede facilitar de inmediato que Puerto Rico tenga acceso a los 172 millones en barriles de petróleo de la reserva estratégica de Estados Unidos que fueron liberados la semana pasada.

“La Marina Mercante estadounidense no tiene tanqueros para transportar esas reservas. Se le hacía difícil a Puerto Rico acceder a esas reservas estratégicas”, dijo.

Pero, además, si se trata, como aparenta, de una dispensa general, la iniciativa permitirá a todo importador de productos estadounidenses transportarlos en barcos ‘extranjeros’ con tarifas menos costosas.

En Puerto Rico, las importaciones de alimentos provienen en un 56% de Estados Unidos.

En el área energética, abre la puerta a transportar gas natural desde puertos estadounidenses, en momentos en que Estados Unidos “no tiene barcos para transportar esa materia prima”, explicó el economista.

“Puede ahorrar costos operacionales a muchas empresas…y si es un mercado competitivo se supone que se pase (ese ahorro) al consumidor”, dijo Caraballo Cueto, quien percibe, además, en una dispensa de 60 días – poco común-, una oportunidad para investigar a fondo los beneficios de no estar sujetos a las normas de cabotaje.

Por un lado, sostuvo, el gobierno de Trump envía un mensaje a los mercados de que la situación puede alivarse, pero, por el otro, al otorgar un plazo de dos meses también puede advertir que la guerra estadounidense-israelí en contra de Irán “va para largo”.

En enero de 2023, el entonces gobernador, Pedro Pierluisi, solicitó al Congreso codificar por ley que Puerto Rico pueda recibir exenciones de las normas de cabotaje para el transporte de combustible después de desastres naturales.

Una ley de 2022 requiere esperar, al menos, 48 horas para el gobierno federal otorgar una exención temporal en las normas de cabotaje, que están incluidas en la ley Jones.

Las enmiendas a la ley Jones fueron una respuesta a la dispensa otorgada, en septiembre de 2022, por el gobierno de Joe Biden al barco GH Parks –de bandera de las Islas Marshall y contratado por la empresa British Petroleum–, que trajo a la isla 300,000 barriles de diésel en medio de la crisis ocasionada por el huracán Fiona.

La administración Biden mantuvo en aquel momento que otra ley federal, de 2021, eliminó la autoridad del gobierno federal para otorgar exenciones abarcadoras y de largo plazo en las normas de cabotaje, excepto cuando se requiere para “abordar un efecto adverso inmediato en las operaciones militares”.

Según ese estatuto, las exenciones que no cumplan con ese estándar deben revisarse caso por caso, sostuvo el Departamento de Seguridad Nacional.

En 2022, la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) y el senador republicano Mike Lee (Utah), tras la experiencia con el huracán Fiona, presentaron legislación que requeriría que el Ejecutivo federal –durante un año o hasta el final de la declaración de desastre mayor, lo que ocurra primero– otorgue dispensas de la ley Jones a barcos que “demuestren con razonabilidad” su intención de proporcionar ayuda por desastre a la isla.

La legislación de Velázquez y Lee nunca llegó a vistas públicas ni fue tramitada en comisión.