Washington D.C. - Junto a cuatro congresistas demócratas, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, solicitó este miércoles al Inspector General del Departamento de Justicia federal que investigue si el freno de la investigación sobre compra de votos por drogas en las cárceles de Puerto Rico durante las elecciones generales de 2024 se debió a interferencias políticas y si cumplió “con la política pública, los procedimientos y la práctica habitual”.

Además, los legisladores federales pidieron explicaciones en torno a si el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al manejar esta pesquisa, implantó “los mismos estándares de investigación y enjuiciamiento que aplica en casos similares de fraude electoral y corrupción pública en otras jurisdicciones”.

En el centro de la petición está conocer “si alguna interferencia política, influencia indebida o presión por parte de la dirección del Departamento (de Justicia estadounidense) u otros funcionarios gubernamentales afectó la gestión de la investigación… la toma de decisiones de la fiscalía o la decisión de no presentar cargos adicionales relacionados con las elecciones ni emprender nuevas acciones de investigación”.

“Estas alegaciones no parecen haber sido reclamos generalizados o especulativos”, indicaron los legisladores federales, en una carta enviada al inspector general interino, Don R. Berthiaume, en referencia a denuncias incluidas en un pliego acusatorio de la fiscalía federal de San Juan y un reportaje de la organización periodística sin fines de lucro ProPublica.

Los legisladores agregaron que “los informes indican que las autoridades federales consideraron las alegaciones suficientemente creíbles como para emprender medidas de investigación, incluido el uso de citaciones y la participación de personal de las fuerzas del orden federales”.

La carta al inspector general Berthiaume está suscrita por el líder de la minoría en el Comité de Investigaciones de la Cámara baja federal, Robert García (California); la boricua Nydia Velázquez (Nueva York); el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat (Nueva York), y Jesús “Chuy” García (Illinois).

De acuerdo al reportaje de ProPublica, la compra de votos puesta en marcha por el Grupo de los 31 buscó favorecer a la ahora gobernadora Jenniffer González, presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), republicana y trumpista.

Pero, según la publicación, la investigación fue frenada oficialmente por la fiscalía federal, a principios de 2025, tras el presidente Donald Trump regresar a la Casa Blanca.

La gobernadora y su director de campaña, el ahora secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, han rechazado haber participado o conocer de alguna actividad ilegal relacionada con las denuncias presentadas por la fiscalía federal.

Mientras tanto, el jefe de la fiscalía federal de San Juan, Stephen Muldrow, mantuvo esta semana que sus investigadores no encontraron evidencia que vinculara a algún político o partido político. El fiscal a cargo del caso, Jorge Matos, renunció el verano pasado.

Según el pliego acusatorio del 12 de diciembre de 2024, el Grupo de los 31 controlaba la entrada de drogas a las cárceles de Puerto Rico y sometía a “represalias, incluyendo retenerles las sustancias ilegales”, a los reclusos que no votaban por sus candidatos.

Cinco días después, la fiscalía federal de San Juan presentó cargos criminales por distribución de drogas en contra de 34 personas vinculadas al Grupo de los 31.

ProPublica ha reportado que, aunque los investigadores federales tenían pruebas sólidas contra reclusos y funcionarios del sistema correccional, preparaban acusaciones y buscaban conocer si la gobernadora o su equipo de campaña estaban implicados, la jefatura de la fiscalía federal en San Juan ordenó frenar ese ángulo de la pesquisa.

Los legisladores advirtieron al inspector general interino de Justicia federal que el freno en la investigación “contradice el énfasis reiterado de la administración (del presidente Trump) y del liderato del Departamento en priorizar la integridad y la seguridad electoral como prioridades de cumplimiento federal.”

Por ello, piden también al inspector general interino que precise “si el Departamento de Justicia consideró plenamente las implicaciones más amplias de no procesar cargos relacionados con las elecciones, incluyendo el impacto potencial en la disuasión, la confianza pública y los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada”.

Persiguen, además, que se les explique “el grado de coordinación, si la hubo”, entre el Departamento de Justicia federal con otras autoridades, como la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), la Oficina Federal de Prisiones, el Departamento de Justicia de Puerto Rico y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), y cómo influyó cualquier “coordinación en las decisiones relativas a la investigación o el enjuiciamiento”.

La carta recuerda que ha habido “un patrón más amplio y documentado de irregularidades electorales en Puerto Rico”, como la escasez de papeletas durante las primarias de 2020, la firma digital falsificada de una votante en 2024 (la viuda del abuelo del comisionado Hernández), la inversión de votos en el plebiscito criollo de 2024 y los cargos por violar las normas de financiamiento electoral contra la entonces gobernadora Wanda Vázquez, a quien Trump indultó luego de haberse declarado culpable de un delito menos grave.

“Tomadas en conjunto, estas circunstancias demuestran por qué alegaciones creíbles de fraude electoral descubiertas mediante investigaciones federales ameritan un escrutinio serio y una explicación transparente”, indicaron los legisladores federales demócratas en su carta.