Washington D.C. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró esta semana a Cameron Hamilton como administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que, en 2024, estuvo encargado temporalmente de esa oficina, de la cual fue removido al defender su permanencia.

La designación de Hamilton, quien estuvo en las fuerzas especiales de la Marina de Guerra, ha coincidido con otra salida de un administrador temporal en la agencia.

Según un memorando interno, divulgado por la publicación Politico, Karen Evans fue reemplazada por Robert Fenton, a menos de tres semanas del inicio de la temporada de huracanes.

“Sé que este año ha sido un reto para muchos en toda la agencia”, indicó Fenton en el memorando.

El nombramiento de Hamilton -que se rumoreaba desde mediados de abril- requiere confirmación del Senado de Estados Unidos. De ser confirmado, sería el primer administrador de FEMA en propiedad de la segunda presidencia de Trump.

En momentos en que el presidente Trump promovía eliminar FEMA, Hamilton abogó, el 8 de mayo de 2025, por la permanencia de la agencia. Al otro día, fue destituido por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a quien Trump removió de su puesto a principios de marzo.

Antes de su nombramiento como candidato a administrador de FEMA, Hamilton había retornado a la agencia en calidad de asesor del nuevo secretario de Seguridad Nacional, Marwayne Mullin, un exsenador por Oklahoma.

La semana pasada, un grupo asesor presidencial a cargo de examinar el futuro de FEMA -copresidido por Mullin y el secretario de Defensa, Peter Hegseth- rindió su informe final, con 10 recomendaciones generales que coinciden con la intención del presidente Trump de que la respuesta a emergencias quede principalmente en manos de los gobiernos estatales, locales, territoriales y tribales (GLETT).

Entre otras cosas, el consejo asesor propuso revisar el funcionamiento de los programas de asistencia pública, individual, para mitigación de riesgos y por inundaciones, para agilizarlas y limitarlas, además de dejar en manos locales las evaluaciones ambientales.

Los cambios en esos programas requieren –en gran medida– legislación, lo que es improbable que ocurra en momentos en que los demócratas tienen suficientes votos para frenarlos en el Senado de Estados Unidos, dividido 53 a 47, y donde se necesitarían 60 votos, y republicanos de la Cámara baja en distritos péndulos pueden objetarlos.