Washington D.C. - El presidente del Comité de Agricultura del Senado, el republicano John Boozman (Arkansas), prevé seguir el modelo de legislación de la Cámara de Representantes –que descartó la integración de Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés)–, de cara a reautorizar la ley agrícola.

“Vamos a utilizar como modelo el proyecto de ley agrícola de la Cámara de Representantes”, dijo Boozman, a preguntas de El Nuevo Día.

Boozman indicó que divulgará su proyecto de ley este mes. A finales de abril, también confió en que se pudiera llevar a votación en comisión antes de finales de mes, aunque luego no descartó que ocurra a principios de junio.

El Senado tiene previsto recesar el jueves 21 de mayo, hasta el 1 de junio, por lo que se cree que, al menos, la legislación de Boozman se dé a conocer, a más tardar, la semana próxima.

La ley agrícola, que incluye la política pública sobre la asistencia alimentaria, se intenta aprobar cada cinco años, aunque la última vez que se logró ratificar por ese período de tiempo fue en 2018.

Desde 2023, ha dependido de medidas de corta duración.

Como ha ocurrido con el plan del presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano Glenn “GT” Thompson, Boozman tampoco favoreció, en la pasada sesión del Congreso, un proceso de transición para Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al SNAP.

En el Senado, la demócrata Kirsten Gillibrand (Nueva York) presentó un proyecto –similar al de la Cámara baja del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández– que persigue una transición de hasta 15 años del PAN al SNAP. Esa medida, sin embargo, no tiene un solo coauspiciador republicano en el Senado.

La larga transición de los proyectos de Hernández y Gillibrand busca mitigar las advertencias de que el gobierno de Puerto Rico no está listo para implantar los requisitos de trabajo y cambios tecnológicos que requiere SNAP.

Pero, Thompson, de todos modos, echó la medida a un lado en la Cámara baja después de que informó que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés) calculó que solo el proceso de transición costaría unos $1,000 millones.

Se estima, además, que, al implantarse SNAP, Puerto Rico recibiría, al menos, unos $900 millones adicionales a los poco más de $3,000 millones que puede obtener durante el año fiscal federal 2027, que comienza el próximo mes de octubre.

A finales de abril, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes recomendó un aumento de $77 millones en los fondos del PAN para el año fiscal 2027, lo que elevaría las asignaciones para Puerto Rico a $3,056 millones.

Pese a que la Cámara de Representantes aprobó, el 30 de abril, su proyecto que busca reautorizar la ley agrícola por cinco años, la mayoría republicana tiene aún pendiente votar –probablemente este mismo miércoles– para decidir si se agrega lenguaje al proyecto que permitiría de forma permanente la venta de gasolina con un 15% de etanol (E15), que es más eficiente para el ambiente y suele ser más barata, pero rinde menos que la gasolina con 10% (E10).

La gasolina con 15% de etanol, además, no se recomienda para vehículos manufacturados a partir de 2001.

Mientras, en el Senado hay dudas con la decisión de la Cámara de Representantes de excluir de su proyecto un lenguaje que protegería de demandas a empresas dedicadas a producir pesticidas.

El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune (Dakota del Sur), es uno de los que ha expresado preocupación con la eliminación del lenguaje, debido a que las demandas pueden provocar alzas en los precios.

“Creo que esa fue una disposición cuidadosamente calibrada y negociada en el proyecto de ley que surgió del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes”, dijo Thune, al cuestionar la decisión de republicanos que lograron sacar el lenguaje en el pleno cameral hace dos semanas.