Washington D.C. - La Cámara de Representantes de Minnesota aprobó este martes una resolución que reclama fijar una fecha para la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico.

“Si bien Puerto Rico ha avanzado en la reestructuración de la deuda, el restablecimiento del acceso a los mercados de capitales y la implantación de reformas fiscales, el funcionamiento continuo de la Junta sin una fecha de finalización definida representa una amenaza para la recuperación a largo plazo, la autonomía fiscal y la rendición de cuentas democrática”, indica la resolución.

La medida fue impulsada por la representante estatal puertorriqueña María Isa Pérez Vega.

El próximo 30 de junio, se cumplirán 10 años de la aprobación de la ley Promesa, por medio de la cual el Congreso impuso la JSF y creó un sistema judicial de bancarrota territorial para Puerto Rico poder reestructurar toda su deuda pública.

Dos meses después, el 31 de agosto de 2016, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nombró los primeros siete miembros del ente fiscal.

“Casi una década después, la Junta continúa ejerciendo una autoridad desmedida sobre las políticas fiscales de la isla, lo que genera serias preocupaciones sobre el deterioro de la gobernanza democrática local y la autodeterminación de los puertorriqueños”, agrega la resolución.

La medida toma nota de que el financiamiento público de la Universidad de Puerto Rico se ha reducido a la mitad y que, durante la vigencia de la JSF, cerca de 600,000 personas han emigrado de la isla.

En marzo pasado, los congresistas demócratas Raja Krishnamoorthi (Illinois) y Darren Soto (Florida) propusieron legislación que busca que las funciones de la JSF queden en manos del gobierno de Puerto Rico, una vez las autoridades boricuas aprueben por ley crear una entidad sucesora.

La legislación de Krishnamoorthi y Soto indica que, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuya deuda es la única que falta por reestructurar, “su junta directiva u otra entidad sucesora”, de acuerdo con la ley que apruebe el gobierno de Puerto Rico, “será el representante de la deuda para todos los casos iniciados bajo este título en o después de dicha fecha de promulgación”.

De aprobarse el proyecto de ley, seguiría vigente “cualquier plan fiscal o presupuesto certificado antes de la fecha de promulgación”, hasta que “sea modificado por una nueva entidad “o mediante la confirmación de un plan de ajuste”.

La medida federal reconoce los procesos de reestructuración previamente aprobados y la continuación ante la jueza Laura Taylor Swain del sistema de bancarrota territorial.

En ese sentido, el proyecto congresional permitiría que el plan de ajuste de la deuda de la AEE siga en manos de Swain.