

18 de noviembre de 2026 - 2:43 PM


Washington D.C. - En un tenso intercambio, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, presionó este miércoles al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en torno al estatus de las investigaciones sobre la muerte de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes a manos de agentes de inmigración.
“No puedo hablar sobre las investigaciones en curso”, dijo Mullin, para inmediatamente decir que podía expresarse sobre la muerte de las personas fallecidas a manos de personas con estatus migratorio irregular durante la administración de Joe Biden.
Hernández –quien favorece abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para crear una nueva entidad– le cuestionó, entonces, si los actos ilegales de personas inmigrantes justificaban que agentes acabaran con la vida de ciudadanos estadounidenses y personas con estatus irregular.
Cuando Mullin comentó que no pretendía justificar nada, Hernández le recriminó que quisiera hacer esa comparación. “¿Por qué tiene que sacar a relucir la comparación? Eso es muy irrespetuoso”, afirmó Hernández.
El comisionado residente hizo referencia, en primer lugar, a los casos de los ciudadanos estadounidenses Renée Good y Alex Pretti, tiroteados en enero pasado por agentes de inmigración en medio de protestas en Minneapolis (Minnesota) en contra de las redadas indiscriminadas de ICE en busca de cumplir con los reclamos del gobierno de Donald Trump para deportar a millones de personas.
Pero, también quiso saber el estatus de las investigaciones en contra de Lorenzo Salgado y Johan Sebastián Durán Guerrero, dos de los inmigrantes que han muerto tiroteados por agentes de inmigración.
“La respuesta es la misma”, señaló Mullin, al insistir en que no está involucrado en las pesquisas.
Salgado, de origen mexicano, murió el 7 de julio pasado en Houston (Texas) durante una intervención de tránsito de agentes de inmigración, quienes alegaron que la víctima lanzó hacia ellos el vehículo que conducía. Testigos han disputado la versión de los agentes.
Durán Guerrero, de origen colombiano, fue tiroteado seis días después en Biddeford, Maine, por el agente David Brouillette, a quien familiares le atribuyeron, en entrevistas con medios de comunicación, un historial de problemas mentales.
“¿Cuánto tiempo van a tomar estas investigaciones? ¿Le son indiferentes las investigaciones?”, cuestionó Hernández a Mullin.
“No estoy haciendo las investigaciones…No estoy en nada involucrado”, respondió Mullin, quien también evitó comprometerse a entregar al Comité de Seguridad Nacional los archivos sobre las pesquisas que el gobierno federal lleva a cabo en torno a las actuaciones de los agentes adscritos a su departamento.
Tras el interrogatorio, Hernández expresó en un comunicado de prensa que, aunque cree en hacer cumplir la ley, las normas migratorias deben “hacerse cumplir sin violencia”.
Un análisis del Gun Violence Data Hub sostiene que, desde que comenzaron los operativos de ICE, agentes han disparado contra personas en, al menos, 29 ocasiones y dado muerte a siete personas.
Hernández denunció que se haya usado gas lacrimógeno contra policías, manifestantes, niños y clérigos, y que agentes hayan buscado verificar los antecedentes de las personas que graban los operativos de ICE.
“Cuando el gobierno entra a un apartamento y amarra a niños y ciudadanos, el gobierno es la amenaza. Cuando el gobierno abre fuego en nuestras calles y las familias entierran a sus muertos, el gobierno es la amenaza”, sostuvo, al añadir que “el pueblo estadounidense merece un Departamento que lo proteja, no uno del que necesite protegerse”.
La audiencia del Comité de Seguridad Nacional, al que Hernández pertenece, fue convocada para examinar las amenazas mundiales a Estados Unidos, 25 años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
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