Washington D.C. - La secretaria de Educación federal, Linda McMahon, anunció este martes que transferirá funciones de los programas de educación civil y las investigaciones sobre violaciones de derechos civiles a los departamentos de Salud y Justicia, respectivamente.

“Tras una cuidadosa deliberación y colaboración con las partes interesadas, nos hemos asociado con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) para apoyar la administración de la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación (OSERS, en inglés) y con el Departamento de Justicia para fortalecer la aplicación de las leyes federales de derechos civiles por parte de la Oficina de Derechos”, indicó McMahon, en un mensaje a los padres de estudiantes.

Como parte de los esfuerzos en favor de desmantelar el departamento que dirige, McMahon afirmó que el objetivo con la “alianza” sobre educación especial con Salud federal “es eliminar las barreras burocráticas y fortalecer la coordinación de recursos para mejorar los programas que atienden a bebés, niños pequeños, niños y adultos”.

“Al colaborar estrechamente con el HHS, que supervisa programas para millones de personas con discapacidades, alinearemos los servicios federales para mejorar los resultados académicos, fortalecer el acceso a programas e información y apoyar a las personas con discapacidades para que puedan alcanzar la autosuficiencia, las herramientas para la vida y un empleo significativo que necesitan para tener éxito en sus vidas”, indicó.

Mientras, McMahon informó que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación (ED-OCR, en inglés) –una de las que ha sufrido una importante baja en su personal– colaborará con Justicia federal “para brindar una aplicación más eficaz y coordinada de las leyes de derechos civiles de nuestra nación”.

“La ED-OCR y el Departamento de Justicia combinarán su experiencia y capacidad para fortalecer la evaluación, la investigación, la resolución de quejas y, sobre todo, para garantizar protecciones fundamentales para todos los estudiantes”, agregó.

McMahon descartó que se alteren las responsabilidades legales de la OSERS o la ED-OCR, ni los derechos que tienen las personas bajo la ley federal.

Pero, el acuerdo, según informes, permitirá que Justicia examine las querellas sobre violaciones de derechos civiles y refiera su análisis a Educación federal, donde se tomaría la decisión final.

McMahon también resaltó que tanto la ley de educación para personas con discapacidades (IDEA, en inglés) como sus programas garantizan que la discapacidad de un niño “no se considere una condición médica que deba ser tratada”. Sostuvo que “IDEA garantiza una educación pública gratuita y apropiada en el entorno menos restrictivo posible, y las leyes federales de derechos civiles previenen la discriminación por motivos de discapacidad para los estudiantes de primaria y secundaria”.

Grupos pro derechos civiles han denunciado la agenda de McMahon y el gobierno de Donald Trump para desmantelar lo más posible Educación federal, que no pueden eliminar sin el consentimiento del Congreso.

“Con esta medida, la administración Trump desmantelaría sistemáticamente la infraestructura del Departamento de Educación que protege los derechos civiles de los estudiantes y el acceso equitativo a la educación, erosionando las protecciones para millones de estudiantes”, indicó, por su parte, Shiwali Patel, directora sénior de Justicia Educativa en el Centro Nacional de Derecho de las Mujeres (NWLC, en inglés).

En una declaración, Patel agregó que “se trata de un ataque flagrante contra la educación pública, que generará aún más confusión entre estudiantes y docentes tras un año de reducciones de personal, reestructuraciones y cierres de oficinas de control en el Departamento de Educación”.

En marzo pasado, McMahon dio a conocer la transferencia de los programas de préstamos estudiantiles –con una cartera de $1.7 billones (“trillions”, en inglés)– al Departamento del Tesoro.

En noviembre pasado, indicó, además, que alianzas con el Departamento del Trabajo permitirán compartir las responsabilidades en la administración de los programas de educación elemental, secundaria y postsecundaria. Mientras, un acuerdo de trabajo con el Departamento de Estado permitirá gestionar la “educación internacional y los estudios sobre lenguas extranjeras”, y otro con el HHS en torno a la acreditación de extranjeros para estudios en medicina. En tanto, el programa de educación para las tribus indias se trabaja en conjunto con el Departamento del Interior.

La Oficina de Contraloría General tiene abierta una investigación sobre estas transferencias de programas y subvenciones a otras oficinas.