Ante las denuncias de compra de votos por drogas en las cárceles de Puerto Rico, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, afirmó que el mero hecho de que alrededor del 82% de los prisioneros votaron por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones generales de 2024 debería encender las alarmas.

Al insistir en que los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico tienen la responsabilidad de despejar las dudas sobre la legalidad de las votaciones en las prisiones puertorriqueñas, Hernández afirmó que “levanta bandera” que la gobernadora Jenniffer González obtuvo más del doble de los votos en las instituciones carcelarias que en el resto del archipiélago boricua.

“(La gobernadora) no sacó el (82%) de los votos en ningún otro sitio. Puerto Rico no se comporta de esa forma. Esperarías un resultado que refleje mejor la realidad y las variaciones que se dan por los pueblos. Puede ser que los presos sean más PNP. No hablaría bien del PNP. Pero puede ser que los presos sean más penepés que el resto de la población, ¿pero (82%) a 40%?“, cuestionó Hernández, en entrevista con El Nuevo Día.

Junto a cuatro congresistas demócratas, Hernández encabezó el miércoles una solicitud al Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que investigue si el freno de la investigación sobre compra de votos por drogas en las cárceles de Puerto Rico durante las elecciones generales de 2024 se debió a interferencias políticas y si cumplió “con la política pública, los procedimientos y la práctica habitual” de esa dependencia federal.

La fiscalía federal, en un pliego acusatorio de diciembre de 2024 sobre la entrada ilegal de drogas a las cárceles, había dado a conocer las presiones de una organización criminal, conocida como Grupo de los 31 o “Los Tiburones”, para obligar a reclusos, a cambio del acceso a los narcóticos, a votar por sus candidatos.

De acuerdo a un reportaje de ProPublica, la presión iba dirigida a que votaran por la ahora gobernadora González, actual presidenta del PNP.

La publicación mantuvo que, aunque los investigadores federales tenían pruebas sólidas contra reclusos y funcionarios del sistema correccional, preparaban acusaciones y buscaban conocer si la gobernadora o su equipo de campaña estaban implicados, la jefatura de la fiscalía federal en San Juan ordenó oficialmente dejar a un lado ese ángulo de la pesquisa a principios de 2025, poco después que el presidente Donald Trump retornó a la Casa Blanca.

El jefe de la fiscalía federal de San Juan, Stephen Muldrow, afirmó la semana pasada que no se encontró evidencia que vinculara a algún político o partido político.

Mientras, la gobernadora y su director de campaña, Francisco Domenech, actual secretario de la Gobernación, han negado vinculación con esas denuncias, haber hecho algo ilegal o haber conocido de esas presiones.

La petición del comisionado Hernández y sus colegas congresistas demócratas –Nydia Velázquez (boricua por Nueva York), Robert García (líder de la minoría en el Comité de Investigaciones y electo por California), Adriano Espaillat (presidente del Caucus Hispano del Congreso y electo por Nueva York) y Jesús “Chuy” García (Illinois)– busca conocer si hubo coordinación durante la investigación entre el Departamento de Justicia federal y otras autoridades, como el Departamento de Justicia de Puerto Rico, la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), la Oficina Federal de Prisiones y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“He escuchado directamente de funcionarios (de la CEE) que me han comentado que vieron irregularidades… La persona se sentía intimidada por el contexto en que se estaba dando y por la naturalidad que veía las irregularidades”, indicó Hernández en la entrevista, sin ofrecer detalles.

Aunque no ve interés, en este momento, de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos en profundizar en la investigación de las denuncias, el comisionado sostuvo que, de ocurrir cambios de administraciones en 2029, los departamentos de Justicia deberían tomar cartas en el asunto. Una mayoría demócrata del Congreso, además, pudiera interesarse en estas denuncias.

“(Deben) investigar todos los casos de violaciones de leyes electorales que existan. El próximo gobierno (de Puerto Rico) debe darles una mirada, incluyendo el endoso fraudulento de la viuda de mi abuelo a Elmer Román (entonces precandidato del PNP a comisionado residente, en tándem con la ahora gobernadora González)”, agregó.

Advirtió, sin embargo, que el potencial delito del endoso fraudulento que utilizó el nombre de la viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, Nelsa López Colón, prescribiría en enero o febrero de 2029.

“Habría que acelerar los pasos”, sostuvo, al acentuar que una pesquisa, en este momento, serviría de advertencia “a todos lo que estén contemplando ‘chanchullear’ en las próximas elecciones”.

En la carta al inspector general interino del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Don Berthiaume, los legisladores federales demócratas señalaron que “los informes indican que las autoridades federales consideraron las alegaciones suficientemente creíbles como para emprender medidas de investigación, incluido el uso de citaciones y la participación de personal de las fuerzas del orden federales”.

Advirtieron al inspector general Berthiaume que el freno en la investigación “contradice el énfasis reiterado de la administración (Trump) y del liderato del Departamento en priorizar la integridad y la seguridad electoral como prioridades de cumplimiento federal”.

Por ello, los legisladores federales han pedido también a Berthiaume que precise “si el Departamento de Justicia consideró plenamente las implicaciones más amplias de no procesar cargos relacionados con las elecciones, incluyendo el impacto potencial en la disuasión, la confianza pública y los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada”.