Washington D.C. - Ante la aprobación de una nueva tarifa base que aplicará a todos los abonados a partir del 1 de julio, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, advirtió este jueves que la decisión del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) hace evidente la necesidad de adelantar la reconstrucción de la red eléctrica, a más de ocho años del embate del huracán María.

“Esta decisión evita un aumento inmediato en la factura de luz, lo cual es positivo para las familias y los pequeños negocios. Pero también deja claro que necesitamos ejecutar con urgencia los fondos federales disponibles y mejorar la reconstrucción de la red”, indicó Hernández.

La nueva tarifa base aprobada por el NEPR no incrementa el cobro a los consumidores. En cambio, redistribuye los factores que componen la factura, con cargos fijos más altos y una reducción en los pagos vinculados al nivel de consumo.

“Puerto Rico no puede seguir posponiendo soluciones estructurales mientras la gente enfrenta apagones y costos altos”, agregó el comisionado residente, en torno a la tarea pendiente respecto al sistema eléctrico, que recibió cerca de $20,000 millones en fondos federales tras el impacto de María en 2017.

Como parte de los ajustes incorporados por el NEPR, los clientes residenciales verán un aumento de $4.00 a $8.00 en el cargo fijo, mientras habrá una merma correspondiente en los cobros volumétricos. Según el NEPR, para un abonado promedio, con un consumo cercano a los 800 kilovatios hora, habrá una reducción en el componente base de la factura, al igual que para los comercios pequeños y los clientes industriales.

La tarifa base –que se aplicará desde el 1 de julio, con el inicio del nuevo año fiscal, y estará en vigor hasta el 30 de junio de 2028– permite cubrir los gastos operacionales “fijos” del sistema eléctrico, que abarcan el mantenimiento y mejoras a la infraestructura de transmisión, distribución y las unidades de generación termoeléctrica, las hidroeléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), costos administrativos, subsidios fijados por ley y, a partir de ahora, también las pensiones de la corporación pública.