Washington D.C. - La gobernadora Jenniffer González abogó este miércoles ante el Senado estadounidense por una reautorización “a largo plazo” de las asignaciones de Medicaid para evitar “una drástica e insostenible disminución de la asistencia federal”, lo que puede ocurrir en unos 15 meses.

González –quien tuvo que enfrentarse a preguntas sobre el escándalo que involucra al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y el funcionamiento interno del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio– aludió al potencial abismo fiscal en Medicaid, que puede reducir las asignaciones del programa, de cara al 1 de octubre de 2027, de $4,200 millones anuales a unos $500 millones.

Al declarar ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado –que celebró su audiencia pública de cada sesión congresional para examinar la situación general de los territorios estadounidenses no incorporados–, la gobernadora también hizo un reclamo por la estadidad y argumentó que, nueve años después del huracán María, la reconstrucción avanza.

“A medida que nos acercamos a 2027, espero trabajar con el Congreso, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) para asegurar un nuevo acuerdo de financiamiento de Medicaid a largo plazo para Puerto Rico”, indicó González, en referencia al abismo fiscal de $3,700 millones anuales que puede ocurrir en el acceso al programa a partir del 1 de octubre del año próximo.

A preguntas del senador demócrata Ron Wyden (Oregón), quien es el líder de la minoría en el Comité de Finanzas –con jurisdicción sobre el programa– y defiende un mejor acceso de Puerto Rico a Medicaid, la gobernadora sostuvo que caer en octubre de 2027 en un abismo fiscal en la industria de salud “sería catastrófico”.

En momentos en que el liderato republicano ha cerrado la puerta a la estadidad, incluido el presidente del Comité, el senador Mike Lee (Utah), González – quien no ha promovido legislación en torno a este asunto en esta sesión-, incluyó unas líneas en defensa de su propuesta de estatus.

“Puerto Rico está listo para dar el siguiente paso en su relación con Estados Unidos. Desde 2012, los votantes han elegido la estadidad en cuatro plebiscitos. Como gobernadora, espero trabajar con el Congreso para respetar ese mandato democrático y garantizar la igualdad de derechos, la igualdad de responsabilidades y la igualdad de representación para los 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses que consideran a Puerto Rico su hogar”, sostuvo.

El reclamo de González a favor de la estadidad también fue secundado por Wyden, quien ha defendido por años la admisión de Puerto Rico como estado de Estados Unidos, y cuestionó que haya personas, probablemente en alusión al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, que hablan de otras alternativas de status que no sea la estadidad, la soberanía (independencia o libre asociación) o el status territorial vigente.

“Ciertamente, hay políticos aquí que barajan la idea de un Estado Libre Asociado (ELA), que es gobernado por el Congreso, que pueda firmar sus propios tratados, pero que siga formando parte de Estados Unidos”, indicó Wyden, en su turno de preguntas, al acentuar que los departamentos de Justicia y de Estado, al igual que el Congreso, han hecho expresiones sobre la inviabilidad de un ELA mejorado.

El senador demócrata Alex Padilla (California) también resaltó la difícil situación en que se expone a Puerto Rico con la aprobación intermitente de fondos para financiar sus programas Medicaid. Padilla utilizó, en la sesión, argumentos del gobierno de Puerto Rico, en el sentido de que la limitación de fondos causa que médicos y pacientes se muden a Estados Unidos.

El senador demócrata Rubén Gallego (Arizona) resaltó, por su parte, la disparidad que existe en Puerto Rico en el acceso a asistencia alimentaria, debido a la exclusión del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

Al cumplirse el décimo aniversario de la ley Promesa, que impuso una Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas del gobierno electo de Puerto Rico y creó un sistema de bancarrota territorial para reestructurar gran parte de la deuda pública, la gobernadora dijo que su administración busca cumplir con el estatuto y mejorar su estructura fiscal.

En ese sentido, indicó que presentó legislación “para establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, financiado y con referencias a los fondos de reserva estatales, para ayudarnos a acumular reservas; crear, por primera vez, un Fondo de Capital específico para financiar proyectos de infraestructura, una práctica habitual en otros estados de la que Puerto Rico carecía; y adoptar y mantener un Plan Financiero Quinquenal transparente que alinee los ingresos con los gastos”.

“He estado trabajando estrechamente con la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y espero que estas medidas sean aprobadas y enviadas a mi despacho para mi firma en las próximas semanas”, sostuvo.

El líder de la minoría demócrata en el Comité de Energía y Recursos Naturales, Martin Heinrich (Nuevo México), por su parte, dejó ver su preocupación sobre una potencial transición en la administración del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica de Puerto Rico, si el gobierno logra cancelar el contrato de LUMA Energy.

Pero expresó alivio cuando la gobernadora González le aseguró que, en un período de transición, el gobierno no volvería a administrar el sistema.

En su turno de preguntas, el senador independiente Angus King (Maine) cuestionó a González por la cancelación de cerca de $700 millones en fondos que el Congreso destinó a energía solar y que han sido redesignados a la operación de la red eléctrica en general.

Después que la gobernadora mantuvo que utilizan el dinero para fortalecer la generación de electricidad, King advirtió que “energía solar es generación”.

La senadora demócrata Catherine Cortez Masto (Nevada) también defendió la inversión en energía solar y el uso de baterías, “no importa lo que diga esta administración” de Donald Trump.