Washington D.C. - Los cientos de empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en Puerto Rico no han podido obtener asistencia del gobierno puertorriqueño ni de acreedores privados durante el cierre parcial de esa dependencia federal, en momentos en que muchos de ellos se encuentran sin cobrar sus salarios.

“Es bastante frustrante para los empleados tener que tomar decisiones sobre cómo alimentar a sus familiares o llegar al trabajo”, indicó Maricarmen García, quien representa a trabajadores de la Administración de Seguridad en el Tránsito (TSA, en inglés), al señalar que ven afectados sus créditos, por no pagar, a pesar de que no tienen la culpa de no recibir sus salarios.

Al participar el miércoles en la noche en un conversatorio virtual con el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, García –líder de la Local 557 de la Federación Americana de Empleados de Gobierno (AFGE, en inglés)– sostuvo que debería legislarse para proteger el crédito de los empleados cada vez que ocurre un cierre parcial del gobierno federal, pues no tienen culpa de la situación económica a la que cada cierto tiempo les someten las autoridades.

Debido a que, por ley federal, los gobiernos estatales no pueden pagar los salarios de los empleados federales, Hernández hizo un llamamiento a los bancos, LUMA Energy y otros sectores privados a buscar iniciativas para asistir a los empleados federales en Puerto Rico.

Destacó, además, una medida del republicano Dusty Johnson (California), la cual coauspició, que permitiría pagar sus salarios a los empleados federales que tienen que seguir en sus funciones durante un cierre parcial del gobierno federal.

“Nuestros trabajadores federales cumplen todos los días y el gobierno tiene que cumplir con ellos... No es justo que enfrenten incertidumbre por decisiones fuera de su control”, indicó el comisionado residente.

Cerca de 700 empleados de TSA están sin cobrar sus salarios en Puerto Rico debido al cierre parcial en DHS – que cumplió 40 días–, lo que incluye a los agentes a cargo de la inspección de pasajeros y maletas en los aeropuertos.

Pero, en el caso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), aunque los agentes cobran sus salarios, los trabajadores clericales en Puerto Rico, unos 60, están sin recibir sus salarios.

Al menos, 460 funcionarios de TSA –en Estados Unidos y sus territorios– han renunciado a sus puestos en medio del cierre parcial de DHS, que, además, se enfrenta a un promedio de 11% en ausencias en los aeropuertos.

Justo cuando se aproxima la Semana Santa, que incrementará el tránsito en los aeropuertos, el Congreso y el presidente Donald Trump siguen sin ponerse de acuerdo en torna a una legislación que permita reabrir, por lo menos, varias de las oficinas de DHS, departamento que se quedó sin su presupuesto tradicional desde el pasado 14 de febrero.

Los demócratas han evitado respaldar todo el presupuesto de DHS, en reclamo de que se hagan cambios en el funcionamiento de ICE, tras las denuncias sobre excesos en sus operativos, que han incluido dar muerte a ciudadanos estadounidenses que cuestionaban su movilización en Minneapolis, Minnesota.

Este jueves, republicanos y demócratas todavía trataban de encontrar un lenguaje que permita reabrir casi todo DHS, excepto ICE, que, de todos modos, cuenta con decenas de miles de millones de dólares asignados por encima de su presupuesto regular a través de la ley de reconciliación fiscal de 2025.

“No hay una ley que proteja a los empleados federales (durante cierres del gobierno). La situación cada día se ve más fuerte. La preocupación más grande de los oficiales es la falta de pago, las adversidades que tienen con sus hipotecas, carros… cómo llegar a San Juan a trabajar, también (a Aguadilla) y Ponce”, sostuvo, por su parte, Michael Sánchez, funcionario de TSA.

Sánchez dijo que, en este momento, es normal que las filas para el trámite de inspección de TSA en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, dure una hora y 45 minutos, lo que puede extenderse mucho más en algunos horarios.

Al mismo tiempo, Sánchez reconoció que las aerolíneas y organizaciones sin fines de lucro han asistido a los trabajadores con cupones para comprar alimentos. “Están tratando lo mejor posible para ayudarnos”, señaló.

Destacaron, no obstante, que no han tenido éxito en conseguir moratorias de los bancos o empresas como LUMA.

En el caso de LUMA, la información que la empresa ha provisto es que los trabajadores deben presentar su caso individualmente, explicó Hiram González, funcionario de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) y presidente de la Local 88 de la Unión Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU, en inglés).

Pero, los trabajadores advirtieron que se les informó que tienen que deber algunos meses de la factura de energía para tener acceso a reducciones de pagos. Mientras tanto, se ve afectado negativamente el crédito de los trabajadores.

González subrayó, además, que los empleados que siguen en sus puestos sin cobrar su salario no pueden solicitar desempleo y, normalmente, los que son suspendidos no reciben esa asistencia debido a que se les puede aprobar cuando el gobierno federal ya normalizó sus funciones.