Casi una década después de que el huracán María destruyera aproximadamente 300,000 residencias en Puerto Rico, según cifras oficiales, apenas un puñado de las unidades que construiría el gobierno para compensar el inventario perdido continúa en pie.
Hace unos 18 meses, el Departamento de la Vivienda anunció la construcción de 2,142 casas nuevas para familias desplazadas por el desastre que figura como el tercer evento más costoso en la historia de Estados Unidos, según reportes de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).
De esa promesa, que también podría ayudar a familias que residen en zonas vulnerables a desastres y que se llevaba a cabo a través de la Iniciativa de Desarrollo de Vivienda Unifamiliar (SFHDI, en inglés), solo 523 están en construcción.
Aumentos en el precio de los materiales de construcción, contratistas inconformes con el precio pactado con el gobierno, impugnaciones en el tribunal y demoras en el proceso de permisos han sacado del pipeline unas 1,619 unidades del programa SFHDI. Las unidades se pagarían con fondos federales del programa CDBG-MIT (Community Development Block Grant - Mitigation Program).
Así lo confirmó el subsecretario de Vivienda, Carlos Olmedo Álvarez, mediante declaraciones enviadas a este medio.
Un escollo tras otro
En concreto, 270 unidades continúan en fase de revisión ambiental, donde se han mantenido al menos desde diciembre del 2024 y 150 unidades están “pendientes a la firma de acuerdos”, con el desarrollador, detalló.
Otras 762 fueron impugnadas ante el Tribunal de Apelaciones y la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales (ASG), como revelan documentos legales examinados por este medio.
Sobre ese proceso, Olmedo Álvarez aseguró que “el tribunal ya emitió su determinación”, por lo que la agencia trabaja para llegar a acuerdos con los desarrolladores que las construirán. No ofreció un estimado de cuánto tiempo tomarían las negociaciones.
Tanto el tiempo de entrega de las unidades impugnadas como el futuro de las 437 casas restantes son inciertos.
Es decir, al presente, apenas una cuarta parte de las unidades prometidas bajo el SFHDI, podrían completarse.
Promesa lenta de techo seguro
Inicialmente, el programa contemplaba el desarrollo de 27 urbanizaciones con control de acceso, a ser construidas por desarrolladores privados que se sometieron a un proceso competitivo que se dividió en dos subastas.
Al examinar la información provista por Vivienda, solo ocho están aprobados: Vista Verde, Promised Land y Los Valles, en Naguabo; Palmeras, en Barceloneta; Hacienda Dulces Sueños, en Guayama; Laderas de Palmas, en Humacao; Caminos del Valle, en Añasco; y Toscana Sur, en Ponce.
El promedio de costo por unidad es $303,516.91, para una inversión total de $240.7 millones.
Las 150 casas en proceso de negociación corresponden a Toscana Sur, según los datos provistos por Vivienda.
“Originalmente suscribimos contratos con 15 desarrolladores para la adquisición de 1,370 viviendas bajo un modelo de precio fijo por unidad. A pesar de los términos establecidos, los desarrolladores solicitaron incrementos en el costo por unidad, peticiones que el Departamento (de la Vivienda) rechazó. Esto resultó en la solicitud de terminación de contrato por parte de siete de ellos", explicó el funcionario.
Pendientes 2,599 vales
Las residencias -que cumplen con requisitos mínimos de diseño y resiliencia, como ser terreras y con un mínimo de 1,150 pies cuadrados de construcción interior- se entregarían a participantes de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) y de Mitigación para Viviendas Unifamiliares (SFM) que cuenten con vales de reubicación.
“Al momento, Vivienda cuenta con 2,599 vales de reubicación activos que no se han redimido, mientras que otros 2,097 ya han sido redimidos”, informó el funcionario.
Recientemente, el gobierno de Puerto Rico anunció que comenzaron las entregas en Vista Verde.
Entretanto, crece la presión de los costos de construcción y el peligro de perder fondos de mitigación por no usarlos a tiempo.
En concreto, cuando Vivienda adjudicó la subasta para la primera fase del programa SFHDI, en julio de 2023, los 15 proyectos tenían un costo global de $340.5 millones, para construir 1,480 unidades a un promedio de $246,739.
Para abril de 2025, ese costo ya había subido a $419.62 millones, para un promedio de $304,072.46, según los datos provistos entonces por la agencia.
Como los contratos ya estaban firmados, el precio promedio por cada unidad de vivienda se mantiene cerca de $303,516.91.
Un año para utilizar los fondos
Además, el reloj también corre en contra, pues el gobierno de Puerto Rico tiene exactamente un año, hasta mayo de 2027, para desembolsar al menos el 50% ($4,140 millones) de la subvención CDBG-MIT que recibió luego del huracán María y que totaliza unos $8,285 millones.
Según el portal de transparencia de CDBG-MIT, los programas de vivienda, incluida la SFHDI, tienen asignados $1,921 millones. En ese pote se incluyen otras iniciativas como el Programa de Asistencia al Comprador, ahora rebautizado como “Pronto pa’ tu casa”. El portal no menciona por nombre a SFHDI.
Los problemas para alcanzar la meta inicial de financiar 2,142 casas nuevas bajo la SFHDI los anticipó, en abril del 2025, la exsecretaria de la Vivienda Ciary Peña Pérez. Entonces, Peña Pérez atribuyó los retrasos al aumento en los costos de construcción, la incertidumbre asociada a los aranceles del presidente Donald Trump y las controversias en los tribunales.
Desarrolladoras como WID LLC, Uni-GoldDevelopment Corp, Lumar Development Corp, N and H.A.M. Inc., Rean Development Corp. y Finca Adela LLC acusaron a Vivienda de haberles excluido del proceso de competencia. Esto, por supuestamente incumplir con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), entre otras fallas. Como remedio, las desarrolladoras pidieron que se anulara la subasta y se hiciera una nueva.
Décadas de desatinos
Los escollos con la SFHDI se suman a otras iniciativas que se impulsan desde Vivienda y no avanzan como se espera.
Por ejemplo, en agosto de 2022, este medio reportó que la agencia mantenía vacantes al menos 149 casas y apartamentos que se habían erigido con fondos federales para reubicar a personas desplazadas por el huracán Georges, que azotó Puerto Rico en el 1998.
De esas unidades, 68 estaban en Villas de Coamo, un complejo de 84 apartamentos que estuvo en abandono más de 10 años. Hace apenas unas semanas, Vivienda anunció como un logro el cierre de cinco compraventas en el complejo. La agencia tuvo que invertir más de $2 millones -también de fondos federales- para ponerlo habitable y en venta.
Pese a múltiples peticiones de entrevista, el secretario Luis Augusto Martínez Román no estuvo disponible para hablar con En pies cuadrados.
