La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain aprovechó la audiencia general de los Casos de Título III para reiterar que el litigio que ha autorizado entre los bonistas objetores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debe resultar en una vía clara para establecer cuánto finalmente adeuda la empresa eléctrica y ese proceso debe completarse o entrar en una etapa avanzada para noviembre de este año.

A solo horas de que los bonistas objetores de la AEE rechazaran la oferta que la JSF lanzó el pasado 1 de junio, Swain dio seguimiento al proceso de descubrimiento de prueba que llevan las partes en el litigio para resolver la reclamación contable incoada por GoldenTree Asset Management, Assured Guaranty y otros acreedores.

La jueza también insistió en que, ante las continuas discrepancias entre las partes, se resuelvan las diferencias legales específicas antes de “sacar las calculadoras” y poner un número a la acreencia de la AEE por concepto de bonos.

“La jueza (Judith) Dean y yo estamos enfocadas en mantener el calendario de litigio establecido en la orden del 12 de mayo (pasado)”, dijo Swain.

El calendario avalado por la magistrada que asiste a Swain en los temas procesales de la quiebra de Puerto Rico contempla que, a más tardar, en noviembre próximo, haya un cuadro claro para resolver las controversias de derecho que han mantenido a los bonistas objetores y a la JSF en una pugna que marca 9 años.

Durante la vista, las abogadas Diana Pérez Seda, Margaret Dale y María DiConza, así como los abogados Glenn M. Kurtz, y William Natbony, ofrecieron a Swain y Dein una actualización del proceso de deposición de testigos y recopilación de evidencia.

En la audiencia salió a relucir que el auditor externo KPMG entregará a los bonistas el expediente de auditoría de la AEE correspondiente al año fiscal 2018.

Tras la determinación del auditor externo, la AEE invocó el privilegio de confidencialidad sobre un centenar de páginas del expediente de unas 3,970 hojas, explicó DiConza, socia del bufete O’Melveny Myers, que representa a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) en el proceso de quiebra del gobierno puertorriqueño.

Según DiConza, la AEE solo tomó excepción con aproximadamente el 3.5% del expediente y a esos efectos, el gobierno prepararía una bitácora de documentos privilegiados que entregarían a Assured.

El expediente de la auditoría de la AEE para el año 2018, parece ser una pieza de interés para los bonistas, quienes alegan que la corporación pública ha utilizado indebidamente el dinero que les pertenece.

Según los bonistas, en lugar de realizar depósitos a los fondos de reserva según requiere la escritura de fideicomiso de los bonos de la AEE, la empresa eléctrica pudo gastar alrededor de $3,700 millones en otros fines.

Kurtz, es socio del despacho White & Case y representante legal de GoldenTree y Syncora Guaranty. Natbony, por su parte, representa a Assured Guaranty y es socio del bufete Cadwalader, Wickersham & Taft.

El proceso de descubrimiento de prueba debe concluir este viernes, un plazo que se atrasaría tanto por la entrega del expediente de auditoría de KPMG como por la imposibilidad de entrevistar a por lo menos uno de tres empleados o ejecutivos de LUMA Energy, de quienes se alega tendrían conocimiento acerca de la manera en que la AEE documenta sus ingresos y egresos en sus reportes mensuales.

Desde mediados de 2024, cuando GoldenTree y otros prevalecieron en el Primer Circuito de Apelaciones en lo que atañe al alcance de su reclamación contra la empresa eléctrica, los bonistas han argumentado que tienen derecho a recobrar la totalidad de los $8,300 millones emitidos por la AEE en la forma de bonos, los intereses acumulados antes y después de la petición de quiebra, así como unos $3,700 millones que la empresa eléctrica habría gastado sin autorización.

Swain no ha dado paso a ninguno de los recursos de los bonistas dirigidos a desestimar el proceso de Título III de la AEE o considerar la conveniencia de un síndico en la empresa eléctrica estatal. Pero ante la falta de un acuerdo monetario, la jueza abrió la puerta para que se definan cuáles son los gastos y por ende, los ingresos netos de la AEE, si alguno. Esa controversia es la que ahora preside la magistrada Dein y se espera que entre en su etapa final antes de que termine el 2026.

Para probar su causa, las partes esperan entrevistar 36 testigos, entre ellos, personal que se entiende trabajó para la AEE y que ahora labora en el operador de la red eléctrica.

Ante la insistencia de Swain, Dale –socia del despacho Proskauer Rose que representa a la JSF- reiteró que el deseo del organismo es cumplir con el calendario procesal establecido.

Sin embargo, Pérez Seda, socia del bufete Casellas, Alcover & Burgos, representante local de Assured, destacó los retos que han encarado para completar el proceso de deposición de testigos, así como la complejidad de las conversaciones con KPMG para aquilatar la información que recibirán del auditor externo. La abogada pareció contradecir a Dale -abogada de la JSF- al indicar que era posible que su cliente solicitara más documentos correspondientes a los años 2019 o 2020.

Dale, por su parte, procuró asegurar a Swain que a lo sumo, la etapa de descubrimiento de prueba no se extendería más allá de la semana próxima.

En esencia, podría decirse que la JSF y el gobierno pagan miles de dólares en abogados y consultores por la falta de disciplina en la AEE para mantener sus libros al día a lo largo de los años.

Aparte de requerir miles de documentos, los bonistas de la AEE interesan entrevistar a las personas que preparan los informes operacionales mensuales de la empresa eléctrica o MORs, por sus siglas en inglés, y que a su juicio, demostrarían que la corporación pública se apropió de recursos que pertenecían a estos.

Los MORs, que gracias a la Ley de Política Energética es una de las piezas de información que la AEE debe divulgar con periodicidad, se hizo público, pero en algún momento, entre los años 2017 y 2023, la AEE modificó su formato y luego dejó de publicarlo en medio del proceso de Título III de la AEE y del traspaso de las operaciones a LUMA Energy.

La JSF argumenta, sin embargo, que los MORs no ofrecen información correcta acerca de la verdadera situación y capacidad de pago de la AEE y por ende, no son relevantes para determinar el valor de la reclamación de los bonistas.

Durante la audiencia, los abogados también dejaron a la luz las interpretaciones diversas que emanan de la escritura de deuda de la AEE, un documento adoptado hace cuatro décadas y que nunca antes se había cuestionado.

A juicio de las partes, tales conceptos o premisas tendrían que definirse antes de poner una cifra a la reclamación de los bonistas.

Según Dale, a manera de ejemplo, las partes difieren en la definición de ingresos netos, qué gastos se consideran operacionales, si los gastos se calculan según un modelo contable de efectivo o de manera acumulada e incluso, si la definición de ingresos netos se refiere exclusivamente a dinero en efectivo.

Las partes deben presentar a Swain las controversias legales sujetas a resolución en o antes del próximo 31 de julio.

El plan de Swain contempla alguna audiencia en la controversia en noviembre próximo y resolver el litigio de la reclamación contable en curso temprano en el 2027 para luego resolver las demás controversias incoadas por los bonistas y que servirían para determinar el valor de la reclamación de estos.