Miami - Una tarde de finales de marzo, un agente del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Florida se detuvo junto a una pareja guatemalteca que paseaba a su perro en un parque de la acomodada localidad costera de Bonita Springs, en la costa del Golfo. Desde su coche, pidió ver la identificación del marido y luego les ordenó que se dirigieran hacia la salida del parque, según la esposa.

Cuando llegaron al estacionamiento, el agente detuvo al marido bajo una acusación falsa, contó su esposa, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato tanto para ella como para su marido, de 48 años, ya que no quería correr el riesgo de que también la detuvieran ni poner en peligro ninguno de sus dos expedientes de asilo pendientes.

“Nos dijo que le estaba poniendo una multa porque el perro le había mordido, pero eso no era cierto, ya que el agente ni siquiera salió del coche”, dijo ella. “Empezó a hacer llamadas, lo detuvo y esperó 40 minutos” a que llegaran los agentes federales de Inmigración y Aduanas para llevarse a su marido.

La campaña de Donald Trump contra la inmigración se ha topado con una fuerte resistencia en las ciudades santuario gobernadas por los demócratas, donde se prohíbe a la policía colaborar, los cargos electos se han opuesto y los residentes locales han intentado defender a sus vecinos migrantes haciendo sonar la alarma, grabando vídeos con sus teléfonos móviles y reprendiendo a los agentes federales enmascarados, a quienes muchos consideran una fuerza invasora.

Sin embargo, ese no ha sido el caso en Florida, gobernada por los republicanos, donde 347 organismos estatales y locales se han sumado a la campaña de represión y han desencadenado una avalancha de detenciones de inmigrantes. Entre ellas se encuentran los departamentos de policía y del sheriff, la Guardia Nacional de Florida y la Patrulla de Carreteras, pero también otras tan aparentemente improbables como la Comisión Estatal de Conservación de la Fauna y la Flora y la Lotería de Florida.

El aumento de las detenciones por motivos de inmigración en Florida durante el segundo mandato de Trump ha pasado prácticamente desapercibido para la opinión pública, ya que muchas de ellas comienzan como simples controles de tráfico policiales; el público parece apoyar más la iniciativa, y las agencias estatales y locales participantes rechazan rotundamente las solicitudes de registros de detenciones y vídeos de cámaras corporales a instancias del Departamento de Seguridad Nacional.

Casi 39,000 inmigrantes fueron detenidos en Florida durante los 416 días comprendidos entre el 20 de enero de 2025 —fecha en que comenzó el segundo mandato del presidente Trump— y el 11 de marzo de 2026, el último día para el que se disponía de datos en un conjunto facilitado al Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California en Berkeley y analizado por la AP. Durante los 416 días anteriores de la administración Biden, hubo 11,088. De media, Florida registró 93 detenciones diarias durante ese periodo liderado por Trump, solo por detrás de las 239 registradas por Texas, que comparte la frontera más larga del país con México.

El gobernador republicano Ron DeSantis ha impulsado la iniciativa de Florida de colaborar con el ICE a través de los denominados acuerdos 287(g), que otorgan competencias en materia de control de la inmigración a los cuerpos de seguridad estatales y locales, permitiéndoles interrogar a los inmigrantes bajo su custodia y detenerlos para su posible deportación. Y, según los expertos, están bajo presión para cumplir con los resultados.

“Hay muchos agentes a los que se les ha otorgado autoridad en materia de inmigración y que simplemente están buscando a gente”, afirmó la abogada especializada en inmigración Vilerka Bilbao, que representa al menos a 23 clientes detenidos por la policía local en la zona de Jacksonville. “Están deteniendo a cualquiera; necesitan mostrar las cifras a DeSantis y al gobierno federal”.

“Los agentes detienen los vehículos por un “pretexto” —como una luz trasera fundida o unas lunas demasiado tintadas— “y luego acabas bajo custodia del ICE”“, afirmó Bilbao.

El 15 de febrero, agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Lee detuvieron a un hombre guatemalteco de 44 años y a su hijo de 21 en las afueras de Fort Myers. Se les acercaron en el aparcamiento de una tienda, les dijeron que su matrícula había caducado y les ordenaron que salieran del auto, a pesar de que la matrícula era válida hasta el 25 de marzo, según la esposa del hombre mayor y la madre del joven.

La mujer, una solicitante de asilo guatemalteca de 40 años que habló bajo condición de anonimato por su propia seguridad y la de su familia, debido a la preocupación por su seguridad y la de sus tres hijos que aún se encuentran con ella en Florida, dijo que su marido y su hijo mayor fueron detenidos y deportados a Guatemala una semana después, dejándola sola a ella, a sus dos hijos menores de edad y a su hija, que es ciudadana estadounidense.

Dijo que su marido y su hijo mayor tenían casos pendientes en el tribunal de inmigración, pero que, aun así, los detuvieron. Su marido había asistido a tres vistas en el tribunal de inmigración, pero faltó a una porque se celebraba en Miami, a unos 193 kilómetros al sur de Fort Myers, y no tenía dinero para desplazarse hasta allí, explicó. Su hijo, por su parte, estaba solicitando asilo, tenía un permiso de conducir válido y un permiso de trabajo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega que el hombre y su hijo se encontraran legalmente en Estados Unidos, alegando que cruzaron la frontera de forma ilegal en 2017 y que tenían una orden definitiva de expulsión desde 2019.

En el caso del hombre que paseaba a su perro, el DHS afirmó que fue detenido porque tenía dos órdenes definitivas de expulsión.

En ambos casos, los organismos de Florida que llevaron a cabo las detenciones —la Comisión de Pesca y Vida Silvestre y la Oficina del Sheriff del condado de Lee— se negaron a facilitar a la AP los informes de detención y las grabaciones de las cámaras corporales, alegando que el ICE les exige que le remitan todas las consultas relativas a detenciones por motivos de inmigración.

El ICE y el DHS, su organismo superior, se negaron a facilitar los informes de detención y las grabaciones de las cámaras corporales; el DHS explicó en un comunicado: “No vamos a revelar información confidencial relacionada con la aplicación de la ley”.

Una directiva de ICE enviada a los socios del programa 287(g) en Florida establece que “la información obtenida o recopilada” en virtud de los acuerdos está “bajo el control de ICE” y no puede divulgarse sin autorización federal.

La directiva parece infringir la histórica Ley de Transparencia de Florida, aprobada en 1967, que establece que los documentos son públicos a menos que estén expresamente protegidos. Sin embargo, la Asamblea Legislativa estatal, de tendencia conservadora, ha introducido excepciones en los últimos años.

Aunque Florida está a la vanguardia de la colaboración en la campaña de represión, con la apertura del “Alligator Alcatraz” y el “Deportation Depot” el año pasado, la participación en el programa 287(g) se ha disparado, pasando de 135 acuerdos en 20 estados antes de que comenzara el segundo mandato de Trump a más de 1,700 en 41 estados y territorios.

El DHS anunció incentivos financieros para las agencias policiales estatales y locales, incluyendo el reembolso de salarios. Esto incluye hasta $7,500 para equipo por cada agente participante en los acuerdos, y hasta $100,000 para que las agencias adquieran vehículos nuevos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.