San Francisco- Ya no hay inmigrantes esperando sentencias en el principal tribunal de inmigración de San Francisco, ni abogados presentando argumentos.

El tribunal, que contaba con 21 jueces cuando el presidente Donald Trump juró su cargo el año pasado, solo le quedaban dos cuando cerró el 1 de mayo. El resto habían sido despedidos, jubilados o renunciado en medio de una purga de la Casa Blanca de jueces federales de inmigración.

El cierre es un reflejo más de la agitación que ha trastocado el sistema de tribunales de inmigración mientras la administración busca la manera de agitar su enorme retraso de 3.8 millones de casos de asilo y deportar al mayor número posible de personas.

Las tasas de denegación de asilo se han disparado a medida que la administración ha despedido a casi 100 jueces considerados demasiado liberales y ha aprobado el uso de cientos de abogados militares para sustituirlos. Se ha detenido a inmigrantes cuando llegaban a los tribunales o a las oficinas del gobierno para comparecer.

Pero en medio de la agitación nacional, San Francisco es la primera gran ciudad que se queda sin un tribunal de inmigración principal, dejando caos y disfunción en una región conocida desde hace tiempo por su amabilidad con los solicitantes de asilo. Los dos jueces restantes trabajarán desde otro edificio federal de la ciudad, pero formarán parte de un tribunal de inmigración al otro lado de la bahía.

Esa reputación, según fuentes judiciales, podría haber provocado su caída.

“Era una vibrante escena jurídica, por lo que creo que si se quisiera tomar como objetivo un tribunal habría que fijarse en lo que representa San Francisco”, dijo Jeremiah Johnson, juez de inmigración en la ciudad hasta que fue despedido en noviembre. Ahora es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

La mayoría de los 117,000 casos de inmigración del tribunal se han trasladado a un juzgado de Concord, una ciudad a unos 48 kilómetros de distancia que se inauguró hace dos años para ayudar con los casos atrasados de San Francisco. Pero la confusión también ha llegado a esa ciudad. Un juzgado que contaba con 11 jueces a principios de 2025 se ha reducido a cinco tras una serie de despidos. Tenía una carga de trabajo de 60,000 casos, incluso antes de que los casos de San Francisco fueran trasladados.

El tribunal de inmigración de San Francisco, que tiene el tercer mayor número de casos de asilo en la nación, fue considerado durante mucho tiempo uno de los más favorables para las personas que buscan asilo. De 2019 a 2024, casi el 75% de los peticionarios recibieron algún tipo de alivio, en comparación con el 43% a nivel nacional, según datos compilados por Transactional Records Access Clearinghouse, un centro de investigación de datos sin fines de lucro con sede en la Universidad de Syracuse.

Esto se debe en parte a que San Francisco, con su amplia red de organizaciones pro inmigrantes y servicios jurídicos gratuitos o de bajo coste, tiene una de las tasas más altas del país de representación legal de inmigrantes.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, la rama del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales de inmigración, anunció en marzo que cerraría el tribunal de San Francisco en 2027 como medida de ahorro y trasladaría sus casos a Concord. Pero el final se adelantó después de que casi todos los jueces de San Francisco se marcharan o fueran despedidos. La Oficina Ejecutiva no dio explicaciones detalladas sobre los cambios, limitándose a decir en un comunicado que había decidido no renovar el contrato de arrendamiento del tribunal y que no hace comentarios sobre cuestiones de personal.

La seguridad es estricta en el juzgado de Concord, quizá por la nueva afluencia de casos. Los guardias de seguridad armados preguntan a cada persona si lleva armas o explosivos, y vigilan que cada persona apague su teléfono móvil. Ni siquiera se permite entrar con café. Sólo se acepta agua, y sólo si está en una botella transparente.

Judah Lakin, un abogado de inmigración con sede en Oakland que también enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley, dijo que el cierre del tribunal de San Francisco ha hecho que los casos lleven más tiempo, ya que es más difícil para sus clientes, que a menudo viajan desde horas de distancia, llegar a Concord en transporte público.

Una reciente vista de 10 minutos en Concord le llevó más de dos horas de viaje, dijo.

Pero más allá de la logística, Lakin dijo que el caos en los tribunales de inmigración bajo la administración Trump ha creado una atmósfera tensa en los tribunales. Los despidos masivos han llevado a cancelaciones de audiencias de última hora, los casos se han reajustado con poca antelación, y los clientes a menudo quedan en un limbo legal prolongado, dejándolos vulnerables a la deportación.

Uno de sus clientes, dijo, recibió asilo provisional de un juez, que fue despedido antes de firmar la decisión. El caso fue transferido a un segundo juez, que también fue despedido. Ahora, en manos de su tercer juez, su cliente sigue esperando.

“El suelo se mueve constantemente bajo tus pies, ya sea porque despiden a los jueces y cancelan las vistas, o porque detienen a tus clientes, o porque te niegan cosas que solían ser normales y rutinarias”, dijo Lakin.

“Creo que es a propósito. Está diseñado así. Forma parte de la estrategia”, añadió.

El Tribunal de Inmigración de San Francisco fue uno de los primeros del país en contratar a jueces sin formación fiscal, muchos de ellos con experiencia previa en el trabajo con inmigrantes en organizaciones sin ánimo de lucro o en su defensa ante los tribunales.

Ver cerrar el tribunal es “desgarrador”, dijo Dana Leigh Marks, una ex jueza de inmigración de San Francisco que se jubiló en 2021 después de 35 años en el banquillo y que fue una de las primeras juezas del país en ser contratada desde la práctica privada.

Ella ve la decisión de la administración Trump de cerrar el tribunal de inmigración más grande en el norte de California como parte de un esfuerzo para socavar el debido proceso y eventualmente desmantelar el camino hacia el asilo.

“Todo es parte de las grandes y pequeñas formas en que la administración Trump está tratando de sacar a los no ciudadanos del país”, dijo.

Johnson, el juez de San Francisco despedido, fue nombrado durante la primera administración Trump. Cree que fue elegido porque concedió asilo en el 89% de los casos que atendió.

“No se despide a los jueces si no se está de acuerdo con la forma en que llevan un caso, no es así como funcionan los tribunales. Si no estás de acuerdo, recurres esa decisión”, dijo.

Johnson, que es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, defendió su historial judicial, señalando que en ocho años, sólo unos 10 de sus casos fueron apelados por el Departamento de Seguridad Nacional, y muy pocos fueron devueltos para nuevas audiencias por la Junta de Apelaciones de Inmigración.

A diferencia de los tribunales federales, donde existen estrictas normas de procedimiento y los jueces son vitalicios, el Departamento de Justicia dirige los tribunales de inmigración, y el fiscal general puede despedir a los jueces con menos restricciones.

Al inicio del segundo mandato de Trump había 754 jueces de inmigración en todo el país. Ahora, hay unos 600, incluidos algunos jueces temporales, según datos recogidos por el sindicato de jueces. Las detenciones generalizadas de inmigrantes en los juzgados han provocado que cientos de personas ni siquiera se presenten a las audiencias, lo que ha dado lugar a órdenes de deportación en rebeldía.

Nidaa Pervaiz acudió recientemente al tribunal de Concord para representar a un cliente de Nepal. En cierto modo, prefiere el nuevo tribunal, ya que está más cerca de su casa.

Pero ella y sus clientes ya están notando el impacto de los cambios. Menos jueces significa menos vistas. Eso significa más retrasos para sus clientes, cuya documentación puede caducar incluso antes de que puedan comparecer ante un juez.