HARTFORD, Connecticut - Los funcionarios de Connecticut y Arizona defienden su decisión de rechazar una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener información detallada de los votantes, después de que sus estados se convirtieron en los últimos en enfrentar demandas federales sobre el tema.

El Secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, publicó en X que la publicación de los registros de votantes violaría las leyes estatales y federales.

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia anunció esta semana que iba a demandar a Connecticut y Arizona por no atender sus peticiones, con lo que asciende a 23 el número de estados a los que el departamento ha demandado para obtener los datos. También ha demandado al Distrito de Columbia.

La fiscal general Pam Bondi dijo que el departamento “seguirá presentando demandas para proteger las elecciones estadounidenses”, afirmando que la exactitud de los censos de votantes es la “base de la integridad electoral”.

Los secretarios de Estado y los fiscales generales que se han opuesto a la iniciativa afirman que viola la ley federal de privacidad, que protege el intercambio de datos individuales con el gobierno, y que iría en contra de sus propias leyes estatales que restringen la información sobre los votantes que puede hacerse pública. Algunos de los datos que busca el Departamento de Justicia incluyen nombres, fechas de nacimiento, direcciones residenciales, números de licencia de conducir y números parciales de Seguro Social.

Otras peticiones incluían preguntas básicas sobre los procedimientos que utilizan los estados para cumplir las leyes federales de votación, mientras que algunas han sido más específicas de cada estado. Se han referido a incoherencias percibidas a partir de una encuesta de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos.

La mayoría de las demandas se dirigen a estados liderados por demócratas, que han dicho que no han podido obtener una respuesta firme sobre por qué el Departamento de Justicia quiere la información y cómo planea utilizarla. El otoño pasado, 10 secretarios de Estado demócratas enviaron una carta al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional expresando su preocupación después de que el DHS dijera que había recibido datos de votantes y que los introduciría en un programa federal utilizado para verificar el estatus de ciudadanía.

El Fiscal General de Connecticut, el demócrata William Tong, dijo que su estado había intentado “trabajar en cooperación” con el Departamento de Justicia para entender la base de su solicitud de información personal de los votantes.

“En lugar de comunicarse de forma productiva con nosotros, se apresuraron a demandarnos”, declaró Tong el martes, tras la presentación de la demanda.

Connecticut, dijo, “se toma muy en serio las obligaciones que le imponen las leyes federales”. Prometió “defender enérgicamente al estado contra esta demanda sin fundamento y profundamente decepcionante”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.