El presidente estadounidense Donald Trump ha tenido esta semana un respiro muy bienvenido en una de sus disputas con los medios de comunicación, aunque, por el momento, solo es temporal.

Mientras sigue adelante con su demanda de $10.000 millones contra la BBC, un juez federal de Florida concedió el jueves al presidente una medida cautelar frente a una orden que le exigía empezar a revelar detalles sobre la situación financiera del imperio empresarial que controla, algo que, evidentemente, le resulta muy poco deseable.

El juez de distrito Roy Altman aceptó suspender dicha orden mientras examina una demanda modificada presentada por Trump, en la que se introduce un cambio en su alegación de que sufrió daños en su negocio y en su reputación. Al centrarse únicamente en este último aspecto, los abogados de Trump esperan evitar la necesidad de realizar dichas revelaciones financieras. Dicha demanda actualizada aún no se ha hecho pública.

Trump presentó la demanda en diciembre por la forma en que la cadena británica, en un documental de 2024, editó un discurso que él pronunció el 6 de enero de 2021, antes de que los manifestantes atacaran el Capitolio en Washington. Es una de las muchas medidas que ha emprendido en su segundo mandato contra las coberturas mediáticas que le desagradan: en los tribunales, mediante medidas ejecutivas y, en general, desde la tribuna presidencial.

Trump sostiene que el reportaje de la BBC fue engañoso porque omitió, entre otras cosas, un fragmento en el que el presidente decía que quería que sus seguidores se manifestaran de forma pacífica. La demanda reclama una indemnización de $5,000 millones por difamación y otros $5,000 millones por prácticas comerciales desleales.

La cadena de financiación pública se ha disculpado ante Trump por el montaje, pero rechaza las acusaciones de que lo difamara. La polémica provocó la dimisión del director de la BBC y de su jefe de informativos.

En la orden dictada el jueves, Altman afirmó que le parecía «convincente» el argumento de Trump de que una demanda modificada podría eliminar la necesidad de divulgar información financiera, un argumento con el que la BBC no está de acuerdo. En virtud de la orden de una jueza de primera instancia de Miami, Enjoliqué Lett, Trump estaba obligado a comenzar a entregar los registros financieros —a más tardar el jueves— de las empresas pertenecientes a su fideicomiso familiar.

“Si la modificación solicitada por el demandante hace que ya no sea necesario obligar a un tercero a revelar información financiera confidencial”, escribió Altman, nombrado por Trump en 2019, “creemos que es prudente decretar una breve suspensión de la orden hasta que se resuelva la solicitud de modificación”.

Pero, ¿qué rumbo tomará el caso a partir de ahora? ¿Y se ha pasado de la raya el equipo jurídico de Trump en este caso?

Seth Stern, director de activismo de la Freedom of the Press Foundation —una organización sin ánimo de lucro dedicada a defender el periodismo de interés público—, señala que el presidente podría simplemente retirar la demanda si la BBC logra demostrar con éxito que la divulgación de datos financieros también es relevante para el daño a la reputación.

“Trump tiene un historial de presentar demandas y, después, simplemente desistir de ellas antes de que lleguen a la fase de presentación de pruebas”, comentó Stern. “Así que existe la posibilidad de que haga eso, y estoy seguro de que le proporcionará un día o una hora de titulares vergonzosos. Pero, tal y como hemos visto innumerables veces con el Gobierno de Trump... ningún titular parece durar mucho tiempo, y sospecho que este no sería diferente”.

Stern cree que la BBC tendría razón al argumentar que los datos financieros seguirían siendo relevantes en el caso. Al fin y al cabo, el presidente sostiene que sufrió $10,000 millones en daños a su reputación.

“No se puede reclamar una indemnización de $10,000 millones por daños a la reputación cuando se es presidente de Estados Unidos y se ganaron las elecciones presidenciales gracias precisamente a la cobertura mediática de la que uno se queja”, afirmó. “Eso no tiene sentido”.

Y añadió: “Que él afirme que la fase de presentación de pruebas sobre sus daños económicos resulta intrusiva o problemática de algún modo —después de haber fijado una cifra desorbitada en concepto de daños y perjuicios en su demanda— es absurdo”.

Aún no está claro cuánto tiempo durará este litigio. El juicio está fijado provisionalmente para febrero en este caso, que no es más que uno de los muchos procedimientos judiciales que Trump ha iniciado contra medios de comunicación cuya cobertura le resulta molesta.

El presidente también reclama $10,000 millones en un proceso por difamación en curso contra The Wall Street Journal, que gira en torno a una carta con insinuaciones sexuales dirigida al delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein que, según el periódico, llevaba la firma de Trump. Su Departamento de Justicia emitió recientemente —y posteriormente retiró— citaciones a varios periodistas de The New York Times que informaron sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con su nuevo avión Air Force One, un regalo de Catar.

Trump y su Gobierno también se encuentran inmersos en una batalla contra la cadena ABC, cuya cobertura suele criticar. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) de su Gobierno ha iniciado una revisión anticipada de ocho licencias de emisión local de la ABC mucho antes de que caduquen. Su presidente, Brendan Carr, también parece querer sancionar al programa «The View» de la ABC —en el que algunas presentadoras se pronuncian en contra de Trump—, revocando su exención de las normas de igualdad de tiempo.

La Associated Press también ha demandado a Trump para que la agencia de noticias pueda volver a tener acceso al grupo de prensa de la Casa Blanca, del que se excluyó a la AP por seguir utilizando el nombre “Golfo de México” después de que el Gobierno ordenara renombrarlo “Golfo de Estados Unidos”. La AP afirmó que mantenía el término porque una parte de esa masa de agua pertenece a los mexicanos, pero que también haría mención del cambio de nombre impulsado por Trump.

Stern, de la Fundación para la Libertad de Prensa, considera que Trump seguirá presentando demandas —incluso aquellas que quizá no espere ganar— a menos que los tribunales decidan de repente sancionar a sus abogados por interponer demandas frívolas.

“A Trump no le importa perder un juicio ni gastar un poco de dinero en honorarios de abogados”, sostiene Stern. “Entiende perfectamente que estos no son casos que vaya a ganar. (Pero) cuenta con que a los demandados les cuesten más de lo que le cuestan a él, en dinero, tiempo y distracciones. Apuesta a que los titulares iniciales de la prensa al presentar una demanda de $10,000 millones causen un gran impacto (entre el público), y a que sus derrotas posteriores pasen a un segundo plano”.