Abogadas de inmigración, líderes magisteriales y comunitarias y otras defensoras de derechos humanos rechazaron este viernes las enmiendas al proyecto de ley para regular intervenciones federales de inmigración en escuelas públicas, al entender que tiene “un lenguaje ambiguo” que eliminaría disposiciones del protocolo vigente en el Departamento de Educación.

El Proyecto del Senado (PS) 1062 fue aprobado el 5 de noviembre en el Senado y enviado a la Cámara de Representantes, que determinó remitirlo a su Comisión de Educación. Al no ser aprobado en la Cámara ayer, jueves –último día para avalar nuevas medidas en la actual sesión ordinaria–, podría ser atendido en la próxima, que comenzará en enero.

Ante ello, los grupos exigieron a la presidenta de la referida comisión cameral, la representante Tatiana Pérez Ramírez, celebrar vistas públicas.

“La Cámara de Representantes tiene la responsabilidad de corregir las enmiendas introducidas en el Senado, restituir garantías originales y abrir un proceso de vistas públicas que permita escuchar y evaluar las consecuencias de esta medida, para que su implementación sea verdaderamente efectiva”, anotó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, en conferencia de prensa.

Las organizaciones entienden que el protocolo vigente de Educación, implantado en febrero de 2025, es “claro” y, en caso de elevarlo a ley, debería seguir el mismo lenguaje que, a su juicio, protege a todos los estudiantes.

La autora de la medida, Nitza Morán Trinidad, había comentado el miércoles a El Nuevo Día que, cuando la presentó en febrero, buscaba que el protocolo “tuviera fuerza de ley” y no estuviera a merced de cambios de administraciones en el Ejecutivo.

“Queremos proteger al niño migrante o con estatus migratorio no definido. Sufrió unas enmiendas, pero senadores de la oposición entendieron que cambiaba lo loable de la medida. Se eliminó el lenguaje de que (los agentes federales) pudieran entrar con una orden administrativa. Fue en plena sesión que se vieron los cambios”, dijo entonces Morán Trinidad, quien no mostró preocupación por los demás cambios incorporados.

Agregó que, de llegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) a una escuela con una orden judicial, “se entregará el documento a la principal, trabajadora social y se llamará a los papás para que ellos tengan conocimiento antes de extraer al menor”.

Pese a su defensa del PS1062, las abogadas de la ACLU insisten que hay disposiciones de la versión aprobada en el Senado que desvirtúan su propósito y facilitan “la entrada de agentes de inmigración a los planteles escolares”.

Mientras, líderes la Federación de Maestros, Educamos y Únete aseguraron que no se ha reportado, al momento, ninguna intervención de ICE dentro de una escuela. Empero, maestros les han compartido las ausencias de estudiantes cuando ocurren redadas en sus comunidades.

Aunque la ACLU y otras organizaciones bajo la campaña “Migrar es un Derecho” no se oponían a la versión original del PS1062, denunciaron que fueron excluidas de analizar la medida o presentar recomendaciones al Senado.

Uno de los cambios más preocupantes para las organizaciones se encuentra en el Artículo 7(a), cuyas enmiendas eliminaron los requisitos específicos que originalmente debía cumplir una orden judicial para intervenir con estudiantes. El texto inicial exigía que la orden fuera emitida por un tribunal competente, estuviera firmada por un juez e identificara al estudiante y la justificación legal de la intervención.

Sin embargo, señalaron que la versión aprobada por el Senado se limita a requerir que el personal escolar solicite la presentación de cualquier orden judicial y verifique su alcance y vigencia, sin conservar los criterios detallados que ofrecían, a su juicio, mayor claridad y protección.

Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política Pública de la ACLU de Puerto Rico, también identificó la eliminación, en el Artículo 6, del requisito de asesoría legal previa a la divulgación de información estudiantil, lo que –dijo– debilita un mecanismo fundamental para prevenir la entrega indebida de datos personales y confidenciales.

Además, la versión enmendada no conserva una prohibición expresa de intervenciones en los salones de clases y deja abierta la posibilidad de actuaciones durante el horario escolar. Advirtieron que estas modificaciones podrían reducir, incluso, las protecciones contempladas en el protocolo de Educación.

“Ya tenemos una niñez que vive con miedo. Aprobar este proyecto es proyectar más miedo hacia la niñez. Es traer más presión al magisterio de Puerto Rico”, señaló, en tanto, Hilda Guerrero, directora de Comuna Caribe.