Washington — Tres tribunales inferiores han dictaminado ilegal el uso de poderes de emergencia por parte del presidente Donald Trump para imponer aranceles mundiales. Ahora, la Corte Suprema, con tres jueces designados por Donald Trump y generalmente favorables al poder presidencial muscular, tendrá la última palabra.

En aproximadamente dos docenas de apelaciones de emergencia, los jueces en gran medida han estado de acuerdo con Donald Trump al permitir temporalmente que partes de su agenda agresiva del segundo mandato entren en vigor mientras se desarrollan las demandas.

Pero el caso que se argumenta el miércoles es el primero en el que la corte emitirá una decisión final sobre una política de Donald Trump. Lo que está en juego es enorme, tanto política como financieramente.

Donald Trump ha hecho de los aranceles una pieza central de su política económica y exterior, y ha dicho que sería un ‘desastre’ si la Corte Suprema falla en su contra.

Los aranceles son impuestos sobre las importaciones. Son pagados por las empresas que importan productos terminados o piezas, y el costo adicional se puede transferir a los consumidores.

Hasta septiembre, el gobierno ha informado haber recaudado $195,000 millones en ingresos generados por los aranceles.

La Constitución le da al Congreso el poder de imponer aranceles, pero Donald Trump ha reclamado un poder extraordinario para actuar sin la aprobación del Congreso al declarar emergencias nacionales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.

En febrero, invocó la ley para imponer aranceles a Canadá, México y China, diciendo que el flujo ilegal de inmigrantes y drogas a través de la frontera de Estados Unidos equivalía a una emergencia nacional y que los tres países debían hacer más para detenerlo.

En abril, impuso aranceles mundiales después de declarar que los déficits comerciales de larga data de Estados Unidos eran ‘una emergencia nacional’.

Empresas y estados respaldados por libertarios desafiaron los aranceles en la corte federal. Los demandantes contra las acciones de Donald Trump ganaron fallos de un tribunal de comercio especializado, un juez de distrito en Washington y un tribunal de apelaciones centrado en los negocios, también en la capital de la nación.

Esos tribunales encontraron que Donald Trump no podía justificar los aranceles bajo la ley de poderes de emergencia, que no los menciona. Pero dejaron los aranceles en su lugar mientras tanto.

El tribunal de apelaciones se basó en ‘cuestiones importantes’, una doctrina legal ideada por la Corte Suprema que requiere que el Congreso hable claramente sobre cuestiones de ‘vasta importancia económica y política’.

La doctrina de ‘cuestiones importantes’ condenó varias políticas de Biden. Las mayorías conservadoras anularon tres iniciativas separadas relacionadas con la pandemia de coronavirus. La corte terminó una pausa en los desalojos, bloqueó un mandato de vacuna para grandes empresas e impidió el perdón de préstamos estudiantiles que habrían totalizado $500,000 millones durante 10 años.

En comparación, lo que está en juego en el caso de los aranceles es mucho mayor. Se estima que los impuestos generarán $3 billones durante 10 años.

Los demandantes en el caso de los aranceles han citado escritos de los tres designados por Donald Trump, los jueces Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, al pedirle a la corte que aplique limitaciones similares a una política de señal de Donald Trump.

Barrett describió a una niñera llevando a los niños en montañas rusas y pasando una noche en un hotel basándose en el estímulo de un padre para ‘asegurarse de que los niños se diviertan’.

‘En el curso normal, el permiso para gastar dinero en diversión autoriza a una niñera a llevar a los niños a la heladería o al cine local, no en una excursión de varios días a un parque de atracciones fuera de la ciudad’, escribió Barrett en el caso de los préstamos estudiantiles. ‘Si un padre estuviera dispuesto a dar luz verde a un viaje tan grande, esperaríamos mucha más claridad que una instrucción general para ‘asegurarse de que los niños se diviertan’.

Kavanaugh, sin embargo, ha sugerido que la corte no debería aplicar el mismo estándar limitante a cuestiones de política exterior y seguridad nacional.

Un juez de apelaciones disidente también escribió que el Congreso a propósito les dio a los presidentes más libertad para actuar a través de la ley de poderes de emergencia.

Algunas de las empresas que demandaron también están planteando un argumento legal separado en una apelación a los jueces conservadores, diciendo que el Congreso no podía delegar constitucionalmente su poder tributario al presidente.

El llamado principio de no delegación no se ha utilizado en 90 años, desde que la Corte Suprema anuló algunas leyes del New Deal.

Pero Gorsuch escribió una disidencia en junio que habría encontrado que la tarifa de servicio universal de la Comisión Federal de Comunicaciones era una delegación inconstitucional. Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas se unieron a la disidencia.

‘¿Qué sucede cuando el Congreso, cansado del arduo negocio de legislar y enfrentando fuertes incentivos para pasar la responsabilidad, cede su poder legislativo, clara e inequívocamente, a un ejecutivo que lo anhela?’, escribió Gorsuch.

Los jueces podrían actuar más rápido de lo habitual al emitir una decisión. La corte solo acordó escuchar el caso en septiembre, programando los argumentos menos de dos meses después. El rápido cambio, al menos según los estándares de la Corte Suprema, sugiere que la corte intentará actuar rápido.

Los casos de alto perfil pueden tardar medio año o más en resolverse, a menudo porque las opiniones mayoritarias y disidentes pasan por rondas de revisión.

Pero la corte puede actuar rápidamente cuando la presión de los plazos lo dicta. Más recientemente, la corte falló una semana después de escuchar los argumentos en el caso de TikTok, confirmando por unanimidad una ley que exige que la popular aplicación de redes sociales sea prohibida a menos que sea vendida por su empresa matriz china. Donald Trump ha intervenido varias veces para evitar que la ley entre en vigor mientras continúan las negociaciones con China.