En las últimas tres décadas, la recogida de ADN de delincuentes condenados se ha convertido en una práctica habitual en el sistema judicial estadounidense, y en la actualidad muchos estados también toman muestras a las personas detenidas por delitos graves.

La legislación que está a la espera de una votación final en Georgia iría un paso más allá al recoger el ADN de personas acusadas de delitos menores menos graves, pero sólo si las autoridades federales de inmigración quieren detenerlas. Esto podría incluir a los inmigrantes que finalmente no sean deportados.

Si se promulga, la medida de Georgia lo convertiría en el tercer estado en señalar a los inmigrantes que se cree que están ilegalmente en Estados Unidos para la recogida de material genético que no se tomaría de otros. Florida aprobó una ley similar en 2023. Y Oklahoma autorizó en 2009 la recogida de ADN de inmigrantes en situación irregular, aunque sigue estando sujeta a financiación.

La nueva legislación se produce cuando la administración del presidente Donald Trump busca ampliar su uso del ADN y la biometría en la aplicación de la ley de inmigración mientras lleva a cabo un plan para deportar a millones de personas de Estados Unidos.

“Es un ejemplo de algo que estamos viendo en todo el panorama: agentes gubernamentales de todos los niveles aspirando ADN en todos los contextos disponibles”, dijo Stevie Glaberson, directora de investigación y defensa del Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown.

El FBI puso en marcha el Sistema Nacional de Índices de ADN en 1998 para recopilar las muestras de ADN enviadas por las autoridades federales, estatales y locales. Ha crecido en tamaño y alcance y ahora contiene más de 26 millones de perfiles de ADN, muchos de ellos de personas condenadas por delitos.

Una ley federal promulgada hace 20 años permitía al fiscal general ampliar la recogida de ADN a las personas arrestadas y a los no ciudadanos detenidos bajo autoridad federal. Pero, debido a las excepciones autorizadas por los funcionarios federales, se recogió el ADN de pocos inmigrantes.

Eso cambió en 2020, durante el primer mandato de Trump, cuando una nueva norma del Departamento de Justicia eliminó gran parte de esa discrecionalidad. En los cinco años siguientes, el Departamento de Seguridad Nacional añadió los perfiles de ADN de más de 2,6 millones de detenidos a la base de datos nacional, según un análisis del Center on Privacy and Technology.

El departamento no respondió a preguntas de The Associated Press sobre el porcentaje de inmigrantes detenidos cuyo ADN ha sido recogido durante el segundo mandato de Trump.

Pero el departamento quiere ampliar su autoridad. Una norma propuesta le permitiría recoger ADN, incluso de ciudadanos estadounidenses, para determinar las relaciones familiares en casos de prestaciones a inmigrantes.

Aunque muchos estados recogen el ADN de las personas detenidas por delitos graves, sólo 10 estados lo recogen de las personas detenidas por determinados delitos menores, como delitos sexuales, y ninguno lo recoge para todas las detenciones por delitos menores, según un análisis de AP de los datos recopilados por el Departamento de Justicia Penal de la Universidad Estatal de Boise.

Pero en virtud de las leyes de Florida y Oklahoma, cualquier detención podría dar lugar a la recogida de ADN para los inmigrantes sujetos a solicitudes federales de retención. Funcionarios del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y de la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma no respondieron a preguntas sobre si se están utilizando esas leyes.

La legislación de Georgia exigiría la recogida de ADN de los inmigrantes acusados de cualquier delito menor o grave si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha emitido una orden de retención pero no ha recogido a la persona en un plazo de 48 horas.

El senador estatal de Georgia Tim Bearden, republicano promotor del proyecto de ley, describió la medida como un medio para resolver delitos.

“La tecnología está cambiando rápidamente, y el ADN es una de esas cosas que nos ayudan enormemente cuando estamos tratando de asegurarnos de hacer justicia a las víctimas en este estado y en todo el país”, dijo Bearden en una audiencia en marzo.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó en un comunicado que “la colaboración con las fuerzas del orden es fundamental para disponer de los recursos que necesitamos para detener a los delincuentes extranjeros ilegales en todo el país.”

Una ley de Georgia de 2024 obliga a las fuerzas de seguridad locales a cooperar con las autoridades federales para identificar y detener a los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos, so pena de perder la financiación estatal. La legislación de este año se basaría en eso.

Algunos expertos legales dicen que podría dar lugar a recogidas de ADN de inmigrantes detenidos por infracciones menores. Las infracciones de tráfico que en algunos estados se penalizan como infracciones civiles se consideran delitos menores en Georgia, por lo que están sujetas a la nueva ley, dijo Mazie Lynn Guertin, directora ejecutiva y defensora de políticas de la Asociación de Abogados de Defensa Penal de Georgia.

“No creemos que tomar muestras de una persona que ha cometido una infracción de tráfico sea una ayuda para la seguridad pública”, dijo Guertin. “La correlación entre una luz trasera rota y un delito que se puede resolver con ADN es bastante atenuada en la mayoría de los casos”.

Según Kyle Gómez-Leineweber, director de políticas de Common Cause Georgia, las personas sujetas a solicitudes federales de retención de inmigrantes no son necesariamente indocumentadas o deportables, ya que pueden demostrar posteriormente su presencia legal. Sin embargo, la legislación de Georgia permitiría recoger el ADN de estas personas.

“Lo que esto hace realmente es crear un sistema de dos niveles en el que parte del ADN se recogería en función de la percepción del estatus de inmigración de una persona”, dijo Gómez-Leineweber.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó en 2013 una ley de Maryland que permite recoger ADN de personas acusadas -pero aún no condenadas- por determinados delitos graves. Esa ley permite que el ADN se añada a una base de datos después de que se determine que existe causa probable para detener a alguien, siempre que se elimine si la persona no es finalmente condenada.

El caso de Maryland se cita a menudo como justificación de la ampliación de la recogida de ADN. Pero algunos defensores de los inmigrantes se preguntan si las detenciones civiles de inmigrantes cumplen el umbral de causa probable para que la recogida de ADN sea aceptable en virtud de la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos ontra registros e incautaciones irrazonables.

“No parece haber ningún tipo de justificación significativa para que los estados intervengan para exigir la recogida de ADN -de material genético- de los no ciudadanos bajo su custodia que simplemente han sido acusados de un delito, incluso de un delito de bajo nivel”, dijo Jorge Loweree, director gerente del Consejo Americano de Inmigración. “Parece que esto no es más que un esfuerzo por aumentar la vigilancia de los no ciudadanos”.