Portland, Oregon— Un juez federal de Oregon dictaminó el viernes que la administración del presidente Donald Trump no cumplió con los requisitos legales para desplegar la Guardia Nacional en Portland, luego de que la ciudad y el estado presentaran una demanda en septiembre para bloquear el despliegue.

La decisión de la jueza de distrito Karin Immergut, designada por Trump, se produjo tras un juicio de tres días la semana pasada, en el que ambas partes debatieron si las protestas frente al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la ciudad cumplían con los requisitos para el uso de las fuerzas armadas en territorio nacional, según la ley federal. El gobierno afirmó que las tropas eran necesarias para proteger al personal y la propiedad federales.

En una opinión de 106 páginas, Immergut dictaminó que, si bien el presidente tiene derecho a una gran deferencia en su decisión de movilizar o no a la Guardia Nacional, no tenía fundamento legal para hacerlo, ya que no demostró la existencia de una rebelión o peligro de rebelión, ni que fuera incapaz de hacer cumplir la ley con las fuerzas regulares.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Las ciudades demócratas a las que Trump ha señalado para su intervención militar —incluida Chicago, que ha presentado una demanda aparte sobre el tema— han protestado. Argumentan que el presidente no ha cumplido con los requisitos legales para el despliegue de tropas y que hacerlo violaría la soberanía de los estados.

A principios de octubre, Immergut emitió dos órdenes que impidieron el despliegue de las tropas antes del juicio. Anteriormente, había dictaminado que Trump no había demostrado cumplir con los requisitos legales para movilizar a la Guardia Nacional. Describió su evaluación de Portland, ciudad que Trump calificó de “devastada por la guerra” con “incendios por todas partes”, como “simplemente ajena a la realidad”.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ya ordenó que no se desplegaran las tropas hasta que el tribunal de apelaciones emitiera una resolución. El juicio presidido por Immergut amplió el expediente fáctico del caso, que podría servir de base para futuras resoluciones de apelación.

Se interrogó a testigos, entre ellos policías locales y funcionarios federales, sobre la respuesta policial a las protestas nocturnas frente al edificio del ICE en la ciudad. Las manifestaciones alcanzaron su punto álgido en junio, cuando la policía de Portland declaró una de ellas como disturbio. En las semanas previas al anuncio de Trump sobre la Guardia Nacional, las manifestaciones solían congregar a unas dos docenas de personas.

La administración Trump afirmó haber tenido que movilizar agentes federales de otras partes del país para responder a las protestas en Portland, a las que calificó de “rebelión” o “peligro de rebelión”.

Funcionarios federales que trabajan en la región testificaron sobre la escasez de personal y las solicitudes de refuerzos que aún no se han atendido. Entre ellos se encontraba un funcionario del Servicio de Protección Federal, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) encargada de la seguridad en los edificios federales, a quien el juez permitió jurar como testigo con sus iniciales, R.C., por motivos de seguridad.

R.C., quien afirmó ser una de las personas con mayor conocimiento del DHS sobre la seguridad del edificio del ICE en Portland, testificó que el despliegue de tropas aliviaría la presión sobre el personal. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, declaró que no solicitó tropas y que ni la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ni Trump lo consultaron al respecto. También expresó su sorpresa al enterarse del despliegue y manifestó su desacuerdo con las declaraciones sobre un posible incendio en Portland.

Los abogados de Portland y Oregon afirmaron que la policía municipal ha podido responder a las protestas. Tras la declaración de disturbios por parte del departamento de policía el 14 de junio, este modificó su estrategia, ordenando a los agentes intervenir solo en casos de delitos contra las personas y la propiedad. Desde finales de ese mes, la cantidad de manifestantes ha disminuido considerablemente, según testificaron funcionarios policiales.

Otro funcionario del Servicio Federal de Protección, a quien el juez también permitió testificar bajo sus iniciales, declaró que en ocasiones los manifestantes han sido violentos, han dañado las instalaciones y han actuado de forma agresiva contra los agentes que trabajan en el edificio.

El edificio del ICE cerró durante tres semanas en verano debido a daños materiales, según documentos judiciales y testimonios. La directora de la oficina regional de Operaciones de Control y Deportación del ICE, Cammilla Wamsley, declaró que sus empleados trabajaron desde otro edificio durante ese período. Los demandantes argumentaron que esto demostraba que pudieron continuar con sus funciones.

El fiscal general adjunto de Oregon, Scott Kennedy, afirmó que, «sin minimizar ni justificar las expresiones ofensivas» ni ciertos actos delictivos, “ninguno de estos incidentes sugiere... que exista una rebelión o una incapacidad para hacer cumplir la ley”.