Un juez federal ha bloqueado un intento de la administración de Donald Trump de citar judicialmente al gobernador de Minnesota Tim Walz y a otros funcionarios estatales, calificándolo como un esfuerzo para “acosarlos y tomar represalias contra ellos”.

En una resolución hecha pública el lunes, el juez federal de distrito Patrick Schlitz determinó que el “propósito dominante” de las citaciones era “obligar a los funcionarios de Minnesota a ayudar al gobierno federal a hacer cumplir la ley civil de inmigración y acosarlos y tomar represalias contra ellos por no hacerlo“.

Las citaciones para solicitar registros fueron entregadas en enero como parte de una investigación sobre si Walz y otros funcionarios obstruyeron o interfirieron con la aplicación de la ley durante una amplia operación de inmigración en el área de Minneapolis-St. Paul. Fueron enviadas a las oficinas de Walz, del fiscal general Keith Ellison, del alcalde de Minneapolis Jacob Frey, de la alcaldesa de St. Paul Kaohly Her y a funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin.

La decisión es la más reciente reprimenda del poder judicial federal a los esfuerzos del Departamento de Justicia de implementar de forma agresiva la agenda de la administración Trump en los tribunales y de señalar a adversarios políticos del presidente mediante citaciones y demandas similares.

El juez concluyó que existían conexiones “extremadamente débiles o inexistentes” entre la información solicitada en las citaciones y cualquier posible violación penal. Las citaciones buscaban materiales “que en gran medida, si no totalmente, se relacionan con conductas protegidas por la Constitución”, escribió el juez, señalando que Minnesota tiene el derecho legal de no destinar recursos a hacer cumplir la ley federal de inmigración.

El Departamento de Justicia “no está llevando a cabo una investigación criminal”, escribió el juez, “sino que está utilizando el proceso del gran jurado para otros fines (ilegales)”.

Las pruebas de que las citaciones fueron emitidas por razones indebidas son abrumadoras, afirmó el juez, argumentando que el Departamento de Justicia “ha luchado —sin éxito— para identificar una sola justificación investigativa plausible” para ellas.

Walz, en un comunicado, calificó la decisión como “una victoria para el estado de derecho y nuestra democracia”.

“El Departamento de Justicia de EE. UU. está llevando a cabo investigaciones penales contra los opositores políticos del presidente”, dijo Walz, nominado demócrata a la vicepresidencia en 2024. “Este caso era solo un ejemplo de ello, pero estamos viendo recordatorios diarios de la ilegalidad de esta administración, en Minnesota y en todo el país. Todos debemos seguir buscando justicia y defendiendo el estado de derecho”.

Ellison dijo que “debería preocupar a todos los estadounidenses que Donald Trump esté utilizando el sistema de justicia penal como arma contra personas con las que no está de acuerdo”.

Las citaciones “son una represalia con motivación política contra nuestra ciudad por oponerse legalmente a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y defender a nuestros residentes”, dijo Her en un comunicado.

En tanto, Frey afirmó que la investigación “nunca trató de justicia, ley y orden, sino de su ausencia”.

“Citar judicialmente a oponentes políticos porque hablaron en nombre de sus electores viola los principios fundamentales de nuestra democracia y de la decencia humana”, dijo.

Frey también señaló que criticar la acción del gobierno no es un delito.

“Una de las fortalezas definitorias de nuestra democracia es la capacidad de cuestionar a quienes están en el poder sin temor a represalias. Los funcionarios electos tienen tanto el derecho como la responsabilidad de hablar con honestidad sobre cómo las decisiones del gobierno afectan a las personas a las que sirven", dijo.

Durante el último año, jueces han desestimado acusaciones contra dos prominentes críticos de Trump, el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James, y grandes jurados se han negado repetidamente a emitir acusaciones solicitadas por el Departamento de Justicia.

Estas medidas reflejan crecientes preocupaciones públicas de que el Departamento de Justicia, una institución destinada a tomar decisiones de investigación y procesamiento de forma independiente de la Casa Blanca, esté siendo politizado bajo la actual administración Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.